Este fin de semana se conocieron algunos detalles de la denuncia que tres hombres hicieron contra el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, a quien acusan de presuntas irregularidades en el otorgamiento de una obra pública; y por los supuestos delitos de acoso y abuso sexual. El pasado 25 de setiembre AIRE LIBRE FM entrevistó al abogado denunciante. La causa se encuentra en el trámite previo a precisar la calificación definitiva de los delitos denunciados.

Este domingo y lunes las publicaciones aparecieron en el portal Infobae -y luego en otros medios nacionales como el diario Clarín y La Nación-, quien detalla fundamentalmente los presuntos acosos y abusos a tres hombres mayores de edad, albañiles, quienes aseguran que contra su voluntad habrían sido víctimas de Melella.

Sostienen que el funcionario les habría solicitado “favores sexuales” a cambio de trabajo, y para ello aportaron mensajes y audios de teléfonos celulares, que deberán ser investigados por la Justicia.

Los denunciantes son Mario Lovera (43), Jerónimo Alfredo Suasnabar (55), y Damián Rivas (58).

Iniciaron una nueva causa penal contra el intendente Gustavo Melella

En la presentación que hicieron en la Justicia, sostienen que habría existido acoso y abuso sexual hacia estas personas, quienes trabajan como albañiles. Tema que se debatirá en el seno judicial, ya que es de instancia privada, especialmente entre todos ellos, hombres mayores de edad. Por su parte, el intendente lanzó un comunicado a través de Facebook señalando que “se defenderá en la Justicia”.

La otra cuestión importante es la de determinar si existió algún delito en el otorgamiento de la obra pública para la oficina del Centro de Formación Profesional e Innovación Tecnológica (Pellegrini 520), y las tareas de mantenimiento del polideportivo de Margen Sur. Es un tema donde están en juego fondos públicos y por ese motivo el pasado 25 de setiembre AIRE LIBRE FM entrevistó al abogado denunciante, Francisco Giménez; y luego al secretario municipal, Agustín Tita, quien respondió esa acusación.

No es la primera vez que Damián Rivas denuncia públicamente algo, ya que en abril y junio de este año AIRE LIBRE FM lo entrevistó cuando denunció manejos supuestamente arbitrarios del gremio de la construcción (UOCRA), situación que nunca pudo comprobar ni acreditar. “Este miedo es consecuencia de que me persiguen”, había dicho Rivas sobre la conducción del secretario general Julio Ramírez.

En la Justicia

El juez que tiene la causa es Raúl Sahade, quien recibió el testimonio de Rivas, Lovera y Suasnabar.
Respecto al trabajo fiscal, se requirió el 30 de agosto la instrucción de esta denuncia, para que se investigue probables maniobras que habrían realizado funcionarios municipales y que se determinen la acción de las empresas Patagonia Constructora y la firma cuyo titular sería Marino Luis Vaquera, que fueron también acusadas por la denuncia que patrocinó el abogado Francisco Giménez.

Precisamente el doctor Giménez lo había mencionado días atrás, en la entrevista con AIRE LIBRE FM.

Ahora la causa se encuentra en el trámite previo a precisar la calificación definitiva de los delitos denunciados, tarea que estará a cargo del fiscal mayor de RG, Guillermo Quadrini.
Es decir, si se trata de “Incumplimiento a los deberes de funcionario público, peculado y fraude en perjuicio de la administración pública”; o si a esa calificación se amplía respecto del presunto acoso y abuso sexual. E imputar o no al intendente Melella y sus funcionarios.

Esta situación se ventila en los Tribunales y públicamente en épocas donde se analiza la futura elección para la Gobernación fueguina del año próximo.

Malestar de Ladereche y Coccaro Hnos por la utilización política de una demanda

Quien hizo hincapié en un “complot” contra Melella fue el difunto abogado Juan Ladereche.

Cuatro días antes de su fallecimiento, el reconocido penalista de Río Grande visitó los estudios de AIRE LIBRE FM tras una serie de publicaciones de El diario del fin del mundo que hacía mención a denuncias contra el intendente de Río Grande. 

“Acá hay una campaña de desprestigio contra el Municipio de Río Grande y una utilización política. Lo peor, es que en esto está prendido también el Poder Judicial”, señaló el apoderado de la empresa Cóccaro Hnos., una de las demandantes del Ejecutivo riograndense. El doctor criticó al poder Ejecutivo, al Judicial y dijo que “no entendió mucho” cuando fue consultado por las declaraciones de su colega “Paco” Giménez.