Procesan a cinco mujeres por trata de personas para explotación sexual en Río Grande
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de cinco mujeres acusadas del delito de trata de personas. Recibían en la Patagonia a extranjeras en situación de vulnerabilidad para retenerlas en prostíbulos y explotarlas sexualmente en Río Grande. Una de ellas ya había sido condenada por el mismo delito en 2017.
Según documentos judiciales a los que accedió LA NACION, los prostíbulos fueron descubiertos a través de información aportada por la policía local y, luego de una investigación, agentes de la Prefectura irrumpieron en dos casas en Ameghino 857 y María Salvador del Carmen 1967. Allí rescataron a seis mujeres, entre ellas, dominicanas y paraguayas que vivían en las mismas habitaciones adonde eran “vendidas” en turnos por hora.
La Cámara dio por hecho que las escuchas telefónicas corroboraban que Mariela Haydeé Rotela y Florentina Ramona Brítez -madre e hija- coordinaban las actividades de ambos lugares, además de recaudar el dinero de la explotación y ofrecer a mujeres a través de un sitio web.
Lo curioso es que Rotela ya había sido condenada en octubre de 2017 a ocho años y medio de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual en concurso real con el delito de tenencia simple de estupefacientes, por regentear mujeres en el mismo “privado” de la calle Ameghino. Esa sentencia fue confirmada por Casación. Pero los fallos judiciales no la detuvieron.
Los investigadores pudieron confirmar que muchas de las víctimas tenían “hijos bajo su exclusivo cuidado” y otras “no tenían vínculos familiares” en Tierra del Fuego, por lo que fueron retenidas con facilidad en los prostíbulos. Al menos a una de ellas le habían quitado su documento de identidad.
Sobre las víctimas, la documentación judicial detalla que “aunque no sufrieron coacción física o psíquica para ser llevadas a los locales […] han sido víctimas de trata desde que los imputados se aprovecharon de la situación en la que se encontraban”, es decir, “su condición de migrantes extranjeras impulsadas por razones económicas que ingresaron al circuito de la prostitución como alternativa de subsistencia propia y de los hijos que quedaron al cuidado de las familias en sus países de origen o en otra zona lejana del país”.
Al cabo de cuatro allanamientos, fueron incautados cuadernos con información relevante para la causa, pastillas, dinero de Paraguay y documentos que registraban giros de efectivo. “Con relación a Rotela y Brítez, todos los elementos secuestrados y el resultado de las intervenciones telefónicas las ubican como dueñas de los ‘privados’, que eran morada de algunas de las presuntas víctimas y los lugares adonde se prestaban los servicios sexuales […] Esto las coloca en el lugar de autoras del delito que se les imputa”, detallan los documentos a los que accedió LA NACION. En ellos también se detalla que Nélida Beatriz Cruz, Felicia Anastasia Gómez Aranda y Viviana Noemí Maldonado Fleitas integraban la segunda línea de una “organización rudimentaria”, y estaban abocadas a la ejecución y supervisión, entre otras cosas, de las “rotaciones” de mujeres entre los dos prostíbulos.
Del expediente se desprende, por otro lado, un dato clave: las acusadas facturaban sus ganancias bajo la pantalla de un local inexistente registrado en el rubro de prendas de vestir; esto llamó la atención de los investigadores, pues gran parte de las “ventas” fueron emitidas en horario nocturno.
De las entrevistas entre las mujeres rescatadas y las psicólogas del Programa de Asistencia y Rescate de Víctimas de Trata, perteneciente al Ministerio de Justicia, el expediente ratifica que eran personas cuya autonomía económica había sido afectada y eso dificultaba extremadamente las posibilidades que regresaran a sus ciudades.
