Trabajadores no docentes de la UNTDF repudiaron la intervención judicial para suspender elecciones
Desde la Asociación del Personal Universitario Nodocente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (APUN) expresaron su preocupación por la intervención judicial en el proceso eleccionario de esa Casa de Estudios, considerando que representa un hecho de “suma gravedad institucional”.
A través de un comunicado, la Asociación del Personal Universitario Nodocente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (APUN) expresaron su preocupación por la intervención de la Justicia en el proceso eleccionario de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, considerando que representa “un error político” de suma “gravedad institucional”.
“Entendemos la autonomía universitaria no solo como la independencia política y administrativa de la universidad pública respecto de factores externos, sino también como la independencia electoral. Esta última nos permite consolidar la base de una universidad profundamente democrática pero principalmente independiente de cualquier intromisión externa en asuntos que deben ser solucionados por los canales y herramientas políticas existentes”, señala el comunicado difundido ayer.
Y remarca: “Es por ello, que creemos de suma gravedad institucional y un error político la judicialización del proceso electoral en marcha para dirimir las cuestiones electorales de nuestra universidad”.
“Nos preocupa que aquellos que pretenden ser una propuesta alternativa de conducción, gestión y representación política, no hayan tenido la capacidad de visualizar un método diferente para resolverlas haciendo uso las herramientas con las que cuenta la institución“, agrega el documento.
Explican además que “la convocatoria a una Asamblea Universitaria o la convocatoria a una Sesión Extraordinaria del Consejo Superior, son ejemplos de ello. Si bien no está explícito en nuestros reglamentos, se constituyen en una herramienta legal y legítima dentro del marco de nuestra autonomía y gobierno universitario, que hubiese posibilitado una salida diferente al problema existente y así evitar manchar con la intervención judicial la vida democrática universitaria, generando además un grave y torpe antecedente de intromisión externa en asuntos relativos a las políticas internas de las universidades nacionales”.
“La decisión ya fue tomada y los responsables cargarán con ella. Por supuesto que no la compartimos porque han decidido no solo por ellos, sino también por los restantes miembros integrantes del Gobierno Universitario. Estamos convencidos de que las cuestiones de política universitaria deben resolverse en el seno de nuestros órganos de gobierno con las herramientas disponibles y a través de los legítimos representantes de los diferentes claustros“, indica el comunicado.
Asimismo, señalaron que “defendemos el principio de participación en su sentido más amplio y creemos que toda la comunidad universitaria que cumpla con los requisitos establecidos en nuestras normativas deben tener garantizada su posibilidad de participación en la vida democrática de nuestra institución. Pero ese enunciado no puede ser selectivo y utilizado solo en defensa propia para beneficio sectorial”.
“Si verdaderamente defendemos ese principio, entonces, debemos garantizar que todos quienes vean sus derechos afectados en el proceso electoral puedan ejercerlos con plenitud. Por ello, nos resulta llamativo que se levante la bandera de la pluralidad y amplitud de participación, sólo cuando la afectación es propia, pero no cuando afecta a otro sector. Del mismo modo vemos con sorpresa que se recrimine la utilización de un mecanismo de impugnación pero al mismo tiempo se haya utilizado para excluir a otros”, sostiene el comunicado.
Y agrega: “Por todo ello, resulta imperioso realizar una revisión del proceso electoral con el objeto de ampliar los derechos para todas y todos de manera real y efectiva. Sin pantomimas y no en beneficio de un sector exclusivo”.
“Hoy la comunidad universitaria se ve afectada por una decisión de la Justicia por la cual se ha interrumpido el proceso electoral que estaba en marcha. ¿Cuál es el costo real de esta decisión judicial dentro de nuestra institución ¿Cómo quedan planteados los vínculos entre compañerxs para continuar trabajando en la construcción de la Universidad que queremos? Esto, lo decimos una vez más, constituye una clara violación y un grave avasallamiento a la autonomía universitaria”, cerró.
