En medio de la pandemia y sin fundamentos serios, aumentaron la cantidad de jueces del STJ
La Legislatura sancionó un proyecto de ley que amplía de tres a cinco el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que había sido objetado por abogados y organizaciones sociales. Lo votaron de manera unánime. Por primera vez la sesión fue mixta, ya que algunos legisladores participaron de forma presencial en el recinto de Ushuaia, y el resto por videoconferencia desde Río Grande.
La ampliación de la Corte fueguina fue propuesta por los actuales jueces de ese organismo, entre ellos su actual presidente, Gonzalo Sagastume, que actuó de vocero de la institución durante las reuniones de comisión en la cual se analizó el tema.
Con una mirada a futuro, esta ley resulta razonable, analizó Sagastume sobre el proyecto que votaron las bancadas oficialistas y opositoras y que ahora deberá ser promulgado por el gobernador Gustavo Melella.
Sin embargo, distintos sectores sociales cuestionaron la medida, ya sea por la oportunidad, en medio de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, como por el impacto presupuestario y por la falta de una cláusula de género que garantice la participación de mujeres en la nueva estructura judicial.
Por ejemplo el abogado constitucionalista de Ushuaia Federico Rauch consideró que cada uno de los nuevos magistrados le costará al Estado provincial unos 4 millones de pesos por mes”, considerando su propia remuneración y la estructura que lo rodea.
Son 80 millones de pesos por año más los fondos necesarios para la construcción y/o ampliación de las oficinas y despachos necesarios para el nuevo personal. Es un proyecto inoportuno y con grandes falencias”, afirmó el letrado.
En tanto, el secretario general del gremio judicial, Luis Bechis, sostuvo que en este momento de crisis económica y de parálisis judicial por la pandemia, no se debería haber planteado la ampliación de la Corte”.
El sindicalista coincidió en que la medida tendrá una fuerte incidencia presupuestaria, y deslizó que el propósito final del proyecto es la designación de jueces cuyos nombres ya se conocen de antemano, y la justicia no merece esto, aseveró.
En la misma línea, la ex gobernadora y actual diputada, Rosana Bertone, rechazó la sanción de la ley y declaró que es una vergüenza que se modifique una institución tan importante como el Superior Tribunal de Justicia para pagar acuerdos políticos electorales”.
“Acá no hay una reforma pensada para mejorar el acceso a la justicia de la comunidad o la transparencia de los procedimientos, si no lisa y llanamente una entrega de la justicia a una familia con poder en la provincia, indicó Bertone en referencia a la posibilidad de que uno de los nuevos jueces sea el actual camarista Ernesto Loffler, hermano del diputado provincial Damián Loffler que votó esta ley.
