DIA 108: La ley 19640 de Promoción Económica
Hoy ampliaremos un tema que ya relatamos en otro momento, per que sigue teniendo vigencia en la actualidad, profundizamos el impacto que tuvo y tiene la sanción de la ley 19640, conocida como “la ley de promoción industrial”
El gobierno nacional promulga la ley 19.640, un régimen promocional, fiscal y aduanero para Tierra del Fuego que cambiará el perfil socioeconómico de Tierra del Fuego, generando un aumento demográfico, una multiplicación de servicios sanitarios, educativos y habitacionales.
En 1972 el gobierno nacional sancionó un nuevo régimen de promoción económica para Tierra del Fuego, a través de la promulgación de la Ley Nº 19.640, que posteriormente tendría efectos considerables en el aspecto económico de ésta provincia. La promulgación de ésta Ley surge en torno al aspecto geopolítico, ya que las contantes reclamaciones territoriales con la República de Chile, sumado a la gran afluencia migratoria extranjera en la conformación social de la población fueguina requerían de una urgente intervención estatal con sentido estratégico, asegurando la integridad territorial del país.
Es por ello que surge en este contexto la Ley 19640 como una herramienta que favorece la radicación de emprendimientos productivos apuntando a retomar el precepto alberdiano de “Gobernar es poblar” como mecanismo para garantizar el ejercicio soberano sobre esta región del país.
La provincia del Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ex territorio Nacional de Tierra del Fuego, jugará un rol determinante en las próximas décadas producto de su ubicación geográfica estratégica conjugado con la renovada percepción respecto a la territorialidad bi-continental de la República Argentina. La legislación de Promoción del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, se basa en exenciones impositivas y arancelarias. Además estableció un mecanismo de beneficios fiscales para las actividades llevadas a cabo en el ámbito de la jurisdicción fueguina, consistente en la exención de impuestos nacionales, incluyendo los aranceles a la importación de bienes.
Estos beneficios fueron la clave del éxito y favorecieron a la radicación de industrias, ya que este instrumento legal permitía la importación de materias primas para su transformación en Tierra del Fuego y asimismo aprobaba la exportación de esa producción al sector continental del país, “reteniendo para sí el valor del Impuesto al Valor Agregado de la factura por la primera venta, a través de un mecanismo de crédito fiscal presunto.
Además, la normativa estableció que las ventas realizadas desde cualquier lugar del país a la isla se asimilaban a las exportaciones al extranjero, con el requisito de cumplir con la reglamentación aduanera, y por lo tanto esas operaciones se beneficiarían con los reintegros fiscales del régimen general de exportaciones. Este último aspecto apuntaba a compensar los sobrecostos de transporte originados por la situación geográfica, para rubros como la construcción y el comercio”
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