Empresa fue denunciada por “contrabando millonario en dólares”

La jueza Federal, Mariel Borruto, confirmó en AIRE LIBRE FM que la Dirección General de Aduanas denunció la importación de supuesto material tecnológico por parte de la empresa KMG. Pero en realidad eran simples cajas vacías o “tecnología basura” con la que se pretendió registrar una compra fraudulenta por US$ 1,5 millones.

La Dirección General de Aduanas denunció ante la Justicia una importación de supuesto material tecnológico por parte de la empresa KMG que en realidad eran simples cajas vacías o “tecnología basura” con la que se pretendió registrar una compra fraudulenta por US$ 1,5 millones.

Si se considera la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación, haberle permitido girar a la empresa importadora los USD1,5 millones le hubiera implicado una ganancia ilícita de $300 millones, informó este viernes la Aduana a través de un comunicado.

La mercadería tenía como origen China, pero estaba facturada por una empresa extranjera con sede en el estado de Delaware, Estados Unidos, constituida el 15 de mayo de 2020.

Lo llamativo para la Aduana fue que las facturas que amparan los envíos tienen como fecha de emisión el mes de marzo de 2020, dos años antes de las ‘supuestas importaciones’ que se detectaron y dos meses antes a la creación de la empresa trader del exterior.

Ante esta anormalidad, la operación “pasó a canal rojo y verificación exhaustiva”, precisó el comunicado.

La basura tecnológica que se pretendía importar fue declarada por un monto de US$ 1,5 millones, cuando en realidad el valor de la mercadería no superaba los US$ 30.000 por el valor residual del plástico y el aluminio de los equipos simulados.

“Las reservas las debemos cuidar para la producción y la generación de empleo y evitar que se destinen a maniobras irregulares con el simple objetivo de sacarle dólares al valor oficial al Estado”, dijo el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel.

La causa penal fue radicada en el Juzgado Federal de Río Grande y el viernes se ordenaron allanamientos y medidas judiciales.

QUÉ DIJO LA JUEZA FEDERAL

La doctora Mariel Borruto manifestó que “el jueves la Aduana de Río Grande presentó una denuncia y por lo tanto era obligación de la justicia juntar pruebas para acreditar que fuera o no viable. La medida de allanamiento -a la empresa y la firma de despachantes de Aduana que se encargó de la documentación- se dictó para recopilar pruebas, no buscamos imputados en ese caso. Cuando es un presunto contrabando, necesitamos documentación, más allá de que la Aduana aportó su parte. Esa fue la primera medida y hay muchas para seguir avanzando y ver qué ocurrió efectivamente. Hoy no puedo decir cómo fue la maniobra completa y todavía necesito información de otras instituciones para completar este circuito”, indicó.

De acuerdo a la denuncia de la Aduana, se documentó la mercadería en una posición arancelaria distinta. “La posición arancelaria es una serie de dígitos que mundialmente identifican la mercadería. Ante el simple cambio de posición arancelaria se presume un ardid o engaño hacia el servicio aduanero y se empieza a investigar el delito de contrabando”, expuso.

Si bien en este caso se abrió la carga para verificar el contenido, la jueza aclaró que “la Aduana no tiene por qué controlar cada cosa que ingresa, porque hay una reglamentación que está en el código aduanero. La gente ha escuchado del canal verde, el canal rojo, el canal naranja, y a veces pasa en Ezeiza cuando llega un vuelo internacional. Hay controles que son obligatorios, por ejemplo, si entran explosivos para dinamitar una montaña; pero puede haber mercadería que ingresa a nuestra área aduanera especial que no se revista, porque tenemos un flujo de comercialización tan ágil que controlar mercadería y documentación minuciosamente nos llevaría a un atraso en el sistema de comercialización. Esto tiene un canal verde y hay cierta confianza”, diferenció.

“La Aduana desconfió en este caso, porque detectó que la posición arancelaria era diferente, y procedió a la apertura de este tipo de expediente o investigación”, sostuvo.

Sobre los trascendidos de que había cajas vacías, scrap tecnológico, que no superaba los 30 mil dólares de valor, pero fue declarado por un millón y medio, dijo que “todo está bajo sospecha de contrabando. La mercadería fue secuestrada, está en un depósito y bajo análisis. A partir de este primer puntapié nosotros seguimos avanzando”.
“Este tipo de mercadería, como son las placas -de video en este caso según la declaración- requieren de expertos que digan qué hay o no hay dentro de esa placa. En esto todavía estamos trabajando. La mercadería, según las fotografías que vimos, dice que es de origen China. Son placas que tienen un formato especial y las requieren algunas computadoras para funcionar. Realmente yo lo que miro es la posición arancelaria y, si la Aduana que es el órgano de control absoluto dice que está cambiada, ahí se empieza a investigar”, manifestó.

Confirmó que “en su denuncia la Aduana manifiesta que la mercadería fue declarada por un millón y medio de dólares cuando no superaba los 30 mil, por el valor residual del plástico y aluminio de los equipos simulados. Así está en la denuncia, pero todavía estamos evaluando todo eso. Nosotros no podemos importar basura, porque tenemos una ley de residuos y hay una prohibición de importar basura de cualquier país para ponerla en cualquier territorio argentino. Algún elemento se puede trasladar de un lado a otro para ser reciclado, pero eso es otra cosa. Importar basura es un ilícito y es otra de las aristas que también se va a investigar”, completó.

(🎙) Aire Libre FM 96.3: