Torturas en Malvinas: tras la acusación del abogado de las víctimas, llegó la respuesta del Juzgado
El abogado Jerónimo Guerrero Iraola recriminó a la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que “no habla con las víctimas, no las recibe, no las escucha, no les brinda explicaciones”. AIRE LIBRE FM dialogó con el secretario del Juzgado Federal, Juan Vicente, quien señaló que “el pedido era para un día y horario específico, y la jueza señaló que este tribunal ya tiene su agenda, porque se tramitan 14 mil causas”.
Este martes 11 de abril, el abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola; elevó a la Jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto, un pedido de audiencia para el miércoles 20 venidero a las 11 de la mañana, con el objetivo de consultarla sobre la marcha del Expte 1777/07, caratulado: “Pierre Pedro Valentin y otros s/Imposición de Torturas”; una de las primeras causas que reúne denuncias de los soldados contra oficiales y suboficiales, por las atrocidades vividas durante la guerra a manos de sus propios superiores. Y le dice que irá con soldados y autoridades del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, miembros de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Derechos Humanos de esa misma jurisdicción.
Según lo expresado en el portal especializado Agenda Malvinas, la magistrada respondió que al no manifestarse el “motivo o razón” de la solicitud, “no se hará lugar a la audiencia requerida”.
En diálogo con AIRE LIBRE FM, el secretario Juan Vicente aclaró que “nosotros generalmente no respondemos a cuestiones que se hagan en el plano mediático, sino que lo que pasa en la causa. En este caso hacemos una excepción porque, bueno, evidentemente esto genera mucha preocupación en la gente que escucha la noticia y evidentemente esto conmueve mucho, entonces por eso nosotros hacemos esta excepción y hablamos de algo que no pasa en la causa”.
“Porque hay que decirlo que esto es un escrito que sorpresivamente apareció esta semana en el cual una parte de las querellas solicitaba una reunión con fecha y hora directamente, que se querían reunir con la jueza el día jueves, pero que venía el 20 a las 11 horas. Lo que la jueza hizo fue contestar que, bueno, nosotros primero que este juzgado tiene una agenda, evidentemente. Este juzgado tiene 14.000 causas en trámite, tiene muchos temas, no solamente los penales, sino también temas de salud, temas previsionales, que requieren urgente tratamiento, y tiene una agenda de audiencias que están fijadas en esos trámites”, comentó Vicente.
Y agregó que “por otro lado, no está previsto en todo el código que los jueces se reúnan con una sola parte sin las restantes partes. Como eso no está previsto, lo que la jueza le contestó es, mire, la verdad es que nosotros no tenemos previsto reunirnos con una sola parte, pero cualquier elemento que ustedes tengan, que tengan dudas, que quieran plantear o solicitar, el juzgado está abierto siempre a tramitar todo lo que soliciten las partes. La realidad es ineludible, insoslayable, que esta misma querella no presentaba un escrito en el expediente desde el mes de julio del 2021, que pidieron formar parte de una testimonial, digamos, nada más. Desde el 2021 hasta acá, no ha habido nuevas presentaciones, ni pedidos, ni nada en el juzgado que nosotros tengamos que resolver, con lo cual nos sorprendió el escrito porque obviamente nosotros hemos continuado con la investigación, tramitando los pedidos tanto de la Fiscalía como de otras querellas, y no habíamos recibido ningún pedido ni nada de esta querella en particular, por eso nos llamó la atención que quisieran reunirse y que tengan esta postura ahora de acusar a la jueza de no recibir a la parte”.
“Me parece curioso porque de hecho, nosotros desde que nos sorprendieron las audiencias en mayo del 2021, que de hecho ninguna de las partes de las querellas ni la Fiscalía lo apeló a eso, seguimos tomando testimoniales, escuchamos a víctimas, de hecho, la semana que viene, el día 19, tenemos citadas dos testimonios más de dos víctimas que van a declarar por estos hechos que han sido ofrecidos por otra querella, así que realmente nos sorprende bastante la postura y el tenor de la crítica”, aseguró.
Respecto a la cantidad de denuncias por torturas que tramitan en el Juzgado, manifestó que “en la causa hay más de 100 denuncias de tortura, pero bueno, lo sobretaliente es que desde que nosotros tuvimos este fallo adverso de la casación en mayo del 2021, tuvimos tres denuncias nuevas que fueron tramitadas por el juzgado, de hecho, también es un detalle técnico, por ahí la gente no lo comprenda, pero desde que nosotros tuvimos este revés de la casación hasta ahora, recibimos tres denunciantes nuevos, son denuncias que nosotros tramitamos, que escuchamos a las víctimas, que buscamos los otros testimonios, que incorporamos información, de hecho, la causa tiene 1500 fojas más de las que tenía cuando sucedió esto en mayo del 2021, o sea, la investigación ha continuado, nosotros continuamos investigando, lo que sí tenemos es esta valla, digamos, esta complicación que se nos presenta ante un fallo adverso de casación y que ahora está en revisión de la Corte”.
“Lo que dijo Casación es que los delitos están prescritos, que el dictamen, digamos, el requerimiento fiscal que nosotros usamos como base para pedir nuevas indagatorias, para ordenar nuevas indagatorias, dijo Casación, por supuesto, que no representaba una novedad respecto a lo que había resuelto en el año 2009 la casación, y por eso los delitos estaban prescritos y la causa, digamos, había prescribido. Eso es lo que dijo Casación en resumidas cuentas. Nosotros en el juzgado cuando hicimos las indagatorias y después cuando se procesó a las personas que estaban imputadas, la jueza declaró que consideraron los delitos de lesa humanidad y por eso no estaban prescritos, obviamente por el paso del tiempo, estamos hablando de sucesos del año 1982, hace 41 años”, dijo Vicente.
Y continuó: “Los procesamientos esos habían sido confirmados por la Cámara de Apelaciones, pero Casación también, digamos, los revocó, los anuló, porque volvió a decir lo mismo, que estaban basados en hechos que estaban prescritos según su criterio. La verdad es que quien tiene la llave para resolver esto es la Corte Suprema de Justicia, que tiene el expediente en su poder, y que nosotros no tenemos acceso, porque usted sabe cómo es la verticalidad del Poder Judicial, nosotros no tenemos vías de comunicación ni de contacto con la Corte, ni tenemos ninguna herramienta para pedirle que resuelva”.
“La causa entró a la Corte en noviembre de 2012, y en noviembre de 2022 estuvo el dictamen, digamos, la opinión del Procurador General de la Nación para solicitar. La postura del Procurador fue coincidente con la que expuso el tribunal, que los delitos son imprescriptibles. El Procurador expuso esa opinión. Pero bueno, el reclamo para que esto se resuelva se tiene que hacer ante la Corte. La realidad es esa. Nosotros podemos seguir investigando, seguimos reclamando testimonios, seguimos pidiendo información al Ministerio de Defensa, seguimos haciendo lo que está a nuestro alcance. Pero la realidad es que quien tiene la herramienta para decirnos si mire, usted está haciendo bien o no puede seguir investigando, es la Corte Suprema de Justicia”, comentó el secretario.
“Los procesados fueron cuatro, que fueron los que indagamos nosotros en diciembre del 2019, que procesamos en febrero del 2020, son cuatro personas que están imputadas, y después había otros veinte que estaban llamados a indagatoria dentro de ese mismo grupo. Después, por supuesto, quedan otras tantas imputaciones más que son alrededor de, ahora deben estar cerca de 90 militares imputados. Es decir, hay unas 100 denuncias por torturas y unos 90 militares o ex militares retirados, sospechados en esta causa”, precisó.
Por último, expresó que “ si la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice, coincide con la postura del tribunal, lo primero que haremos será retomar la agenda de audiencia que hemos fijado en mayo del 2021, para tomar estas indagatorias, y después continuaremos con la investigación como venimos haciendo. Es decir, lo que nos está faltando a nosotros ahora es esta posibilidad, digamos, de un respaldo respecto a nuestra postura de que los delitos no están prescriptos, para continuar con otra parte de la investigación, que son las indagatorias. Mientras hacemos la parte de investigación, es recabar información, que son los testimonios, que son los datos del Ministerio de Defensa”.
