Fuertes críticas a los tarifazos de la luz y el gas
Se criticó el aumento exorbitante de tarifas de los servicios de gas y electricidad en Tierra del Fuego. El ex Secretario de Energía, Moisés Solorza, señaló en AIRE LIBRE FM la falta de sensibilidad de las empresas y del Gobierno nacional ante la carga económica que enfrentan jubilados y trabajadores. Sugirió la necesidad de acciones legales.
“La verdad que no asombra esta situación -dijo el entrevistado-, yo escuché el audio completo de tu entrevista al responsable de institucionales de Camuzzi, Rodrigo Espinosa, y la verdad es que da vergüenza ajena escuchar cómo justifican semejante nivel de tarifazo, que tiene Tierra del Fuego, que tiene la Patagonia en general. Y la verdad es que asombra el nivel de cinismo que tiene una empresa que tiene a cargo una facturación realmente monumental con respecto a lo que son servicios públicos. Hay facturas que están llegando que realmente son impagables, y uno escuchándolo lo único que empieza a pensar es decir, bueno, evidentemente esta hipocresía que maneja la empresa y la falta de sensibilidad para aquellos que tienen una tarifa que no la pueden pagar siguen refutando, argumentando realmente cosas insólitas, comparando la energía o servicio público con un alfajor o una Coca-Cola. Nos hace acordar al famoso tarifazo en la época de Macri cuando Prat Gay decía que eran dos pizzas el aumento, y comparan a un servicio esencial imprescindible para la familia de Tierra del Fuego, comparar una mercancía como es un alfajor o una Coca-Cola con una tarifa que realmente, con un servicio público, que es esencial en Tierra del Fuego y que lamentablemente tiene ese tipo de miradas que son claramente mercantilistas, insensibles, y que lo único que les interesa es tener un negocio en el cual los bolsillos de los trabajadores, de los jubilados, realmente como vos le decías, ¿no? Y daba bronca esa hipocresía al aire sin ningún tipo de miramientos cuando están llegando tarifas que realmente son impagables y que, bueno, el gobierno de la provincia tiene un rol ahí clave”.
Mientras hacíamos la entrevista llegaban algunos mensajes de gente jubilada que mostraba su recibo de sueldo y la facturación, y se preguntaba cómo iba a poder pagar el gas, cómo iba a poder pagar la luz, y además tener que vivir dignamente.
“Totalmente, es decir, por eso escuché también la entrevista que le hiciste al doctor Juan Vicente, secretario de Juzgado Federal, donde dice claramente cuáles son las medidas que se están llevando adelante y que la Provincia tiene como parte en este proceso en donde tiene que presentar, seguir alimentando estos amparos y que creo que no lo está haciendo, por lo menos la información que tenemos, no está siendo apelada a la resolución de Cámara y no se están haciendo los trámites para inclusive ir a la Corte Suprema de Justicia porque claramente, más allá de lo que diga el representante de la empresa, que le pagan para defenderla, es un trabajador más que, la verdad que tiene el mérito del empleado del mes porque tirarse sobre una bomba como son los tarifazos que todos los jubilados te están mostrando al aire y la verdad que tiene que pagar muy bien para defender semejante nivel de tarifazo, y no llamarlo tarifazo como vos bien se lo recordabas”.
En otro párrafo, Solorza mencionó que “por lo tanto, independientemente de lo que piense la empresa, me parece que hay un proceso en marcha en donde la Provincia que se hizo cargo, digamos, del amparo colectivo, que hizo una convocatoria abierta y que puso al fiscal de Estado para llevar adelante este proceso, lo que debe hacer ahora es un poco tomar la recomendación que dejó entrever el juzgado federal, el secretario del juzgado federal, que justamente el ministro de Energía, junto con el gobernador de Fiscalía de Estado, tiene que seguir alimentando esta medida cautelar y ahora sí presentar con las facturas en la mano, que calculo que irán así como juntaron miles de firmas, tranquilamente podrían juntar un montón de estas tarifas que claramente no se pueden pagar, que son abusivas, que son confiscatorias de los salarios, que no son accesibles, que no son razonables, y que otros argumentos ya están en el fallo Cepis. Por lo tanto, creo que, como dijo el secretario del Juzgado, y lo venimos repitiendo contigo y con otros medios, el gobierno debe avanzar claramente en una nueva presentación para que no se aplique no tan solo el retroactivo del cuadro suspendido por la primera instancia de la jueza Borruto, sino que además no se sigan aplicando, o por lo menos que haya un escalonamiento sobre estos cuadros tarifarios que existan planes de pago, que habiliten moratoria, y que continúe a lo largo del tiempo mientras la cuestión de fondo se resuelva, que la Justicia resuelva justamente el pedido por parte de la Provincia, que tengan planes de pago y contemplen todas estas situaciones, porque la verdad que va a ser caótico para la familia asumir 230 mil pesos como ha llegado, a mí me llegaron 75 mil pesos cuando pagaba 12”.
¿Hay alguna ley nacional que pueda tomar justamente el Gobierno para presentar esa apelación? No sé, un porcentaje que la tarifa no puede superar un porcentaje de los ingresos, o alguna otra legislación existente para hacer frente a este tarifazo?
“Sí, por supuesto, existe, por eso yo apelo siempre al fallo CEPI, que justamente determinó el derecho a la información, la ley de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia, la ley de gas, la 24.076, digamos, la ley de la 17.319, la 24.076, que reglamenta y que establece la producción, la comercialización, el transporte y la distribución del gas natural.
Y más el reglamento de suministro que tiene la propia empresa, que no puede hacer lo que quiera, y que claramente viola el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde se reconocen las desigualdades del mercado y del consumo.
Está reglamentado. Existen cuestiones que son, no tan solo desde el punto de vista jurídico, sino que son desde el punto de vista humano, porque la ley de defensa del consumidor, la propia Provincia esgrimió en ese sentido, en el amparo, pidiendo que se resuelva.
Bueno, ahora con mayor razón la Secretaría, el Ministerio de Energía de la provincia, en conjunto, insisto, debe hacer una presentación espontánea ante la justicia, el Corte Supremo de Justicia de la Nación, mostrándole los cuadros tarifarios que la empresa ha determinado y que forman parte confiscatoria de salarios, por ejemplo, un jubilado que cobra la mínima.
Si vos mirás la ley justamente de capitales, en donde vos ves, si vos tenés una deuda con la tarjeta de crédito y un fallo, o vamos a llevarlo a una situación más a la mano, es decir, si vos tenés una cuota alimentaria, la justicia no puede descontarte más del 25% o 30%, dependiendo de la situación, de tus ingresos familiares, de tu ingreso habitual, de tu haber salarial. Ahora, no se entiende cómo entre Camuzzi, entre la Cooperativa Eléctrica y la DPE, o la DPE más todos los servicios públicos, claramente son confiscatorias de un sector de la sociedad, y es que es el residencial que está sufriendo, no tan solo las limitaciones de las paritarias, sino que además estas, como ellos lo llaman, recomposiciones o actualizaciones de tarifas, eso realmente confiscatoria de salarios”.
Por último, manifestó: “Me parece que el gobierno de la provincia debe, insisto con esta situación, creo que debe no tan solo reclamar los 46 millones de dólares que le debe y que dijo el gobernador y el propio ministro, y que la empresa de una manera liviana desconoce, porque lo escuché en tu propio programa, decir al representante de Camuzzi que no le debe de un peso a nadie, desdiciendo inclusive a la propia palabra del Gobernador, y eso la verdad que no se puede dejar pasar y que debe responder en todo caso ante la justicia, no ante los medios, el representante de Camuzzi y la empresa, para ver si efectivamente le debe o no a todos los fueguinos dinero público por ampliaciones de obra, tendido de obra de los barrios, donde el estado provincial ha trabajado claramente en sumarle más de 11.000 usuarios a una empresa privada, y eso la verdad que tampoco puede estar bien, y lo tiene que ver la justicia, la Fiscalía de Estado, porque evidentemente hay un estado que está destinando dinero público para favorecer a una empresa privada, y eso también está mal.
Hay que decirlo y lo debe denunciar como corresponde, desde el ministro hasta el propio gobernador, porque están desconociendo una deuda que claramente se puede justificar ante la justicia”, completó.
() Aire Libre FM 96.3:
