En una causa por estafa, ya pusieron fecha a las indagatorias
Se trata de la denuncia judicial que hicieron compradores de terrenos en barrio Altos de la Patagonia, en Río Grande. Hay unas 60 familias damnificadas. El abogado que representa a los denunciantes, Paulino Rossi, adelantó en AIRE LIBRE FM que han citado a indagatorias a ex comisarios y dos empresarios. Esta venta de terrenos se hizo a través de un fideicomiso entre los años 2016-2017. “Es un avance en el caso”, dijo el abogado.
Rossi comenzó señalando que “es algo que viene de larga data, son terrenos que se vendieron en el 2016-2017 de gente que de buena fe compró porque había gente supuestamente seria. Del otro lado en un fideicomiso estaba compuesto por la ex cúpula policial, todos comisarios retirados a cargo de cuidar y velar por los fondos que son de toda la Policía, por la caja previsional de la policía provincial y dos empresarios con negocios muy reconocidos en la provincia que conformaron un fideicomiso aquí en la zona más cara de la ciudad en la provincia Altos de la Patagonia, está al lado de Altos de la Estancia, en el cual le cobraban en cuotas a la gente con la promesa de entrega de los terrenos cuando la gente terminó de pagar las cuotas desaparecieron de la faz de la tierra no atendieron más el teléfono, cerraron las oficinas y bueno empezó un largo proceso de vecinos de esta ciudad que querían que se les reconozca lo que ellos abonaron en tiempo y forma porque cumplieron con sus obligaciones lo que querían que le entreguen su terreno”.
¿Los compradores eran todos policías?
“En una primera instancia sí, después no. Primero obviamente empezaron a vender dentro de gente de la fuerza pero después a través de… bueno todavía están los carteles y si te fijas hasta en Facebook estaban las publicaciones que hacían para… invitando a cualquier vecino de la ciudad, entonces un montón de gente que no era de la fuerza también compró sus terrenos y bueno claramente se configuró un estafa inmobiliario.
Nosotros hicimos las presentaciones primero aquí en Río Grande después por un tema de competencia el expediente se fue a Ushuaia nos costó muchísimo porque de entrada la justicia intentó archivarlo sin mayor análisis, tuvimos que apelar a Cámara después de un tiempo bastante prolongado pudimos que la Cámara ordene que se vuelva a investigar y se siga con el proceso y bueno se hicieron las pericias contables y producto del avance y el aporte de la prueba que se ha hecho durante estos últimos años se logró para nosotros lo que es un hito que es el llamado de indagatoria de todos los miembros de la cúpula policial, estamos hablando de dos ex comisarios muy reconocidos, ¿sí? por su labor en la provincia y dos reconocidos empresarios que también han sido llamados de indagatoria para el mes de marzo porque obviamente hay elementos que generan indicios de que aquí hay una estafa, yo creo que una de las más grandes de la historia que está analizando la justicia provincial.
Y esto también nos da una esperanza porque vemos que la justicia está avanzando en este tipo de cuestiones, tuvimos un fallo categórico la semana pasada sobre cuestiones de este tipo, hace también un par de meses atrás un comisario que estafó a través de un sistema de estafa piramidal a vecinos de la ciudad, bueno y acá es un hecho mucho más grande en volumen estamos hablando de son 60 terrenos y las personas están involucradas son todas de reconocida trayectoria en la provincia y me parece que esto marca un hito de que no todo es posible o todo vale en Tierra del Fuego”.
Antes del inicio de la feria se conoce esta novedad, ¿nos puede recordar cuáles son las personas imputadas y que ahora son llamadas a declaración indagatoria?
“Sí, la declaración indagatoria es entre el 17 de marzo y el 27 Pedro Díaz de la fuerza policial, Héctor Miranda, Dino Manetti, Miguel Osvaldo Picone, Dardo Enzo Estefó que fue presidente de la Caja; Walter Darío Prieto y Walter Agra, son las 7 personas que han sido llamadas a indagatoria en el mes de marzo”.
¿Recuerda cuál es la función que cumplía cada uno en esta estafa?
“El fideicomiso estaba compuesto por la caja previsional en representación de los miembros de la Fuerza Policial que ellos aportaron la tierra, ellos compraron la tierra y la aportaron al fideicomiso. La compraron con fondos recaudados o los propios fondos de la policía. Fondos públicos, que esto también está bueno aclararlo. Son fondos públicos que ellos deberían garantizar el pago futuro de las jubilaciones haciendo inversiones serias que les generan rentabilidad. Estafas inmobiliarias que obviamente no generan rentabilidad sino que van a generar un costo muy alto más allá de los damnificados que son los que compraron el terreno. El señor Prieto era el administrador del fideicomiso que tenía a su cargo la responsabilidad de administrar el mismo y la figura de Agra a través de Financar Sociedad Anónima que era quien iba a llevar adelante las obras.
Estas son las patas que tenía el fideicomiso que fueron responsables también de la comercialización.
De hecho hay un juicio entre ellos también que el tema interno entre ellos si tuvieron inconvenientes no se les puede trasladar a los compradores de buena fe que compraron un terreno.
Esto va por otra vía también en un juicio que viene hace mucho tiempo”.
¿Se trata de una figura de estafa o ahora por ser varias personas es una asociación?
“Actualmente está caratulado como estafa pero nosotros pedimos el cambio de carácter para que se configure una asociación ilícita. Estamos a expensa de que el juzgado se expida sobre este pedido nuestro. Nosotros consideramos que tenemos los elementos para poder configurarse este tipo de figura porque hubo acciones repetitivas con características similares del uso de fondos públicos para cuestiones poco transparentes o beneficios personales de los que estuvieron involucrados en este tipo de operaciones”.
¿Cuál es la diferencia en años entre una estafa y una asociación ilícita?
“Sin duda la asociación ilícita tiene una tipificación mucho más alta pero tratamos de centrarnos en esto que nos costó muchísimo que es lograr avanzar que la figura de estafa no es algo menor ni mucho menos teniendo en cuenta que aquí están involucrados funcionarios públicos ex policías retirados que eran los responsables de velar por la seguridad de la provincia están llamados de indagatoria por haber estafado a 60 familias para tomar la dimensión de la gravedad de esto y como nos costó muchísimo y realmente el camino que tuvieron que transitar estas 60 familias fue muy largo y penoso porque cuando se intentó ir en defensa del consumidor no se tuvo ninguna respuesta, cuando se planteó públicamente tampoco entonces haber logrado este hito para nosotros es muy importante y nos da una esperanza para poder seguir adelante”.
() Aire Libre FM 96.3: