Declaran ilegal el paro de la Unión de Gremios
El subsecretario de Asuntos Gremiales, Dr. José Luís Álvarez, alertó a los trabajadores “que pueden ser perjudicados laboralmente si se pliegan a estas medidas ilegales”. Álvarez enfatizó que “todos los paros desde marzo, incluso este convocado de 36 horas, son ilegales”.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia hizo lugar a la petición del Gobierno de declarar la ilegalidad de la convocatoria realizada el 18 de mayo a un paro de actividades. La cartera atacó tanto cuestiones de forma como de fondo de la medida gremial y en este sentido entendió que dicha convocatoria no fue debidamente notificada y que el objeto de la medida de fuerza “no responde a causas laborales”. El subsecretario de Asuntos Gremiales de la Provincia, Dr. José Luís Álvarez, alertó a los trabajadores “que pueden ser perjudicados laboralmente si se pliegan a estas medidas ilegales”.
El subsecretario de Asuntos Gremiales de la Provincia, Dr. José Luís Álvarez, en declaraciones a FM Universidad (93.5 MHZ), explicó que “la ilegalidad es a las medidas de fuerza que han sido convocadas por la ficción ‘Unión de Gremios’, que es un colectivo de sindicatos, organizaciones y de sujetos particulares y precisamente se ha declarado la ilegalidad por cuestiones de forma –por no haber sido notificadas- y por cuestiones de fondo; es decir, por la materia por el cual se está llamando a los paros”.
Cabe recordar que el Gobierno provincial salió al cruce de la convocatoria al paro anunciado por el SUTEF y la Unión de Gremios y consideró a esta medida como “ilegítima” y de concretarse pedirá su ilegalidad ante el Ministerio de Trabajo. Dada la naturaleza de la convocatoria al paro “que es el de impedir el normal funcionamiento de un poder del Estado como es la Legislatura; presionarla a los fines de que revoque o revea sus medidas legislativas, implica no reconocer las facultades de las instituciones democráticas que rigen en nuestra provincia, por lo tanto estamos totalmente en contra de la convocatoria al paro”, dijo el Dr. José Luís Álvarez.
En este sentido el funcionario provincial remarcó que “los únicos que pueden convocar a un paro o a una huelga, son los sindicatos reconocidos legalmente y por cuestiones estrictamente laborales como la cuestión salarial o condiciones de trabajo y demás; pero de ningún modo pueden utilizar la huelga para atacar el accionar legislativo, en este caso aducen las leyes votadas el 8 y 9 de enero de este año ni de otro órgano debidamente constituido”.
Consideró que “hay un exceso por parte del SUTEF y las otras organizaciones que componen la Unión de Gremios por violentar el canal que establece la Ley 23.551 y esto genera un grave perjuicio, primero para los vecinos que han sido víctimas de las actividades violentas, de cortes de calle, de cortes de ruta, de acampe en la Casa de Gobierno impidiendo el normal funcionamiento de la Administración; amedrentamiento de compañeros docentes que han querido tomar cargos y los niños que no tienen clase al día de la fecha”, enumeró Álvarez.
También en este punto recordó que “ha habido compañeros que no han podido trabajar, cumplir con su responsabilidad laboral en el Estado. Más que huelgas, son medidas coercitivas (coactivas) que tienden a vulnerar el derecho constitucional establecido porque tienden a ir contra las decisiones de los representantes constitucionales del pueblo”.
“Todos los paros de este año son ilegales”
El subsecretario de Asuntos Gremiales de la Provincia enfatizó que “todos los paros desde marzo, incluso este convocado de 36 horas, son ilegales y lo que queremos informarles a estos trabajadores que quieran plegarse a estas medidas que son pasibles de descuentos de los días no trabajados como asimismo de sanciones disciplinarias porque este paro no está justificado ni se circunscribe dentro de la ley”, advirtió.
Por último, informó que las entidades gremiales han sido notificadas, “porque este proceso ya se sustanció con anterioridad y se les permitió a los sindicatos ejercer su derecho a defensa. Queremos alertar a los trabajadores que pueden ser perjudicados laboralmente si se pliegan a estas medidas ilegales”.