OSDE acordó pagarle al Estado $ 8000 millones y finalizar una batalla judicial de dos décadas
El Gobierno puso fin a una batalla judicial de dos décadas con OSDE. La obra social de directivos de empresas, que tiene casi dos millones de afiliados, aceptó pagarle al Estado $ 8000 millones, para saldar la deuda con el fondo solidario de obras sociales que se le reclamaba hace casi dos décadas. A cambio, el Estado desistirá de todos los juicios que le había iniciado.
Después de meses de negociaciones, según confirmaron desde el Gobierno, finalmente el Ministerio de Salud terminó por avalar hoy el acuerdo que ya habían firmado a comienzos de agosto tanto OSDE como el entonces Superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
El Ministerio de Salud, por su parte, anunció que el dinero recibido será destinado a financiar el lanzamiento de la Cobertura Universal de Salud (CUS), que actualmente se encuentra en la fase de prueba piloto, y que en los últimos días fue motivo de negociación con los dirigentes sindicales.
Desde la obra social que preside Tomás Sánchez de Bustamente no hicieron comentarios. La firma del acuerdo fue hoy, pero el documento formal se publicará recién el lunes en el Boletín Oficial.
Según comunicó el Gobierno, OSDE pagará $ 1721 millones al contado la semana próxima, y $ 5129 millones en 120 cuotas mensuales ajustables por tasas de mercado. Además, detalló, cederá una serie de créditos que la obra social tiene con el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) -el fondo, que se reparte entre todas las obras sociales, y tiene por objeto financiar gastos extraordinarios, como enfermedades complejas o poco comunes y tratamientos crónicos de alto costo, entre otras cosas-. y el sistema de salud, hasta completar la cifra de 8000 millones de pesos.
En los años 90, el Estado le permitió a las obras sociales, como OSDE, sumar afiliados “adherentes”, por los cuales luego debían aportar un 15% al FSR. Pero muchas obras sociales, incluyendo OSDE, no cumplieron con los aportes. Por lo que, en 1998, el Estado demandó a OSDE -al igual que a muchas otras obras sociales- por los aportes no hechos desde entonces y hasta 2011, año en el que se sancionó la ley de obras sociales, que eliminó la exigencia de contribuir con el FSR.
El de OSDE, no obstante, era el caso más grande, por lejos, y de los pocos que todavía quedaban pendientes en la Justicia, junto con el de Osdipp, la Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, que llegó hasta la Corte Suprema y estaba a la espera de que falle en cualquier momento. En resto de los casos judicializados se habían cerrado, pero sin que la Justicia se expidiera nunca con respecto a la cuestión de fondo.
Además, el caso de OSDE volvió a quedar expuesto a comienzos de año, luego de que Swiss Medical, uno de sus principales competidores, lo denunciara ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS),ahora a cargo de Sandro Tarrico. La SSS recogió el guante, mientras que desde el Gobierno incluso hasta se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de intervenir la obra social de dirección. Aunque para muchos, se trató simplemente de una amenaza para poder sentar a la empresa en una mesa a negociar.
Las negociaciones, de hecho, venían avanzando rápido. Tanto que, para agosto, ya prácticamente estaba sellado el acuerdo entre las autoridades de la Superintendencia de Salud, la Procuración -que, como abogados del Estado deben velar por le legalidad del acuerdo- y OSDE. Sin embargo, restaba que el ministro, Jorge Lemus, terminara por ponerle la firma. Entre las partes incluso llegó a existir cierto malestar por las demoras de Salud, que sin embargo, ayer terminó por ponerle fin al tema.
