Buscan actualizar la normativa sobre salud mental y adicciones en la Provincia
La Comisión de Salud de la Legislatura, abordó el proyecto de Ley, que crea el órgano de revisión de salud mental y la comisión provincial de salud mental y adicciones. La iniciativa propone la adhesión a la Ley nacional 26.657 de Salud Mental. También deroga la Ley provincial 78 de 1993. La impulsora de la norma, legisladora Marcela Gómez, explicó que en su articulado, el proyecto crea dos “importantes” espacios: “el Órgano de Revisión de Salud Mental y la Comisión Provincial de Salud Mental y Adicciones”.
El Órgano de Revisión de Salud Mental, “garantizará el pleno cumplimiento a todas estas líneas y políticas de trabajo que propone dicha Comisión, para que se cumplan los derechos y garantías de los que tienen algún problema de salud mental”, comentó la Parlamentaria.
También, ese espacio podrá requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos; supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado; evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente, apelar las decisiones del juez, entre otras funciones dispuestas en la norma nacional.
En el proyecto, se prevé la creación de un consejo consultivo honorario “donde tengan participación diferentes entes, como por ejemplo: municipios, espacios académicos que podrán opinar y optimizar las acciones que se llevan adelante, organizaciones de la sociedad civil, entre otras”, explicó la referente del bloque del FPV – PJ.
En el articulado del asunto 262/17, la Parlamentaria propone que la Comisión Provincial de Salud Mental y Adicciones se desarrollará “en el ámbito del ministerio de Jefatura de Gabinete y estará presidida por el Secretario de Salud Mental y adicciones del Ministerio de Salud, o quien en el futuro lo reemplace”.
También, la norma propuesta fija que “el Órgano de Revisión de la Salud Mental se desarrollará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, o aquella que en el futuro la reemplace, y tiene por objeto proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental”.
En la reunión, el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, agradeció la predisposición de los Legisladores participantes, “especialmente de la legisladora Marcela Gómez, por el trabajo que lleva adelante sobre este proyecto”. Afirmó que la propuesta es “una adaptación inteligente de la Ley de Salud Mental a la realidad de la Provincia”.
El funcionario reconoció que la Ley Nº 78, que se propone derogar, “quedó desactualizada”, y por ello se busca adaptarla al “nuevo paradigma, que podemos abordar un problema de salud, con una misma estructura, con un problema de un delito federal, como es el narcotráfico”, concluyó Gorbacz.
Por su parte, el secretario de Salud Mental y Adicciones, licenciado Jorge Santiago Rossetto consideró que “era necesario actualizar la normativa”, en el marco de la Ley nacional Nº 26.657.
Especificó que no solo se prevé incluir cuestiones vinculadas a la prevención y capacitación, sino que también se incorpora la lucha contra el narcotráfico, “hecho que ha quedado separado a partir de la sanción de Ley nacional Nº 26.657 en 2010”.
Indicó que la iniciativa, “actualiza el marco legislativo, al que la mayoría de las provincias ha adherido”, puntualizó el funcionario de la cartera sanitaria al tiempo que destacó el intercambio de opiniones que se generó en el seno de la Comisión.
Participaron de la reunión presidida por la legisladora Liliana Martínez Allende, los legisladores Myriam Martínez, Marcela Gómez, Ricardo Romano (FPV – PJ); Cristina Boyadjian y Pablo Villegas (MPF) y Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos). Por parte del Ejecutivo provincial, el ministro Jefe de Gabinete Lic. Leonardo Gorbacz, el secretario de Derechos Humanos, Sergio Mingrino y el secretario de Salud Mental, Lic. Jorge Rossetto.
