Proponen crear el Defensor del Pueblo en TDF

El legislador del Partido Popular Adrián Liendo, presentó un proyecto de Ley para la creación del Defensor del Pueblo, dado que considera que la necesidad de esta figura ámbito legislativo es “primordial” para asegurar y resguardar a los ciudadanos de las “imperfecciones, falencias y lagunas de la Administración Pública”.

El legislador opinó al respecto que actualmente, el Defensor del Pueblo, como mecanismo de contralor y de reparación, “cumple una función social e imprescindible en la mayoría de las provincias de Argentina”, por lo que remarcó la necesidad de poder sancionar el proyecto de Ley en Tierra del Fuego.
Entre los fundamentos del proyecto se considera “imprescindible” la inclusión de la figura del Defensor del Pueblo, visto como un órgano independiente, dotado de plena autonomía funcional, que cumplirá su cometido, en el ámbito del Poder Legislativo.
En el escrito, queda explícito que la función del Defensor será la “defensa y protección de los derechos humanos y, demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Provincial y sus leyes reglamentarias, ante hechos, actos u omisiones de la Administración Pública, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones”.
Además, tendrá la tarea de supervisar el funcionamiento de la Administración Pública provincial y de los organismos prestadores de servicios públicos, y promover entre otras cosas, la defensa y protección del medio ambiente
“El nuevo órgano, contará con legitimación procesal, es decir una herramienta práctica que lo faculta para constituirse en sujeto activo en acciones judiciales y procedimientos administrativos; dirigidos a la reparación de acciones u omisiones que lesionen, derechos particulares y/o de incidencia colectiva”, agrega el documento.
Por otro lado, Liendo manifestó que la idea es que el Defensor del Pueblo cuente con oficinas, en Ushuaia y Río Grande, de modo que éste o un Defensor del Pueblo Adjunto –en quién delegará funciones-, “puedan atender los reclamos en las diferentes ciudades”.
Asimismo, expuso que durará en sus funciones por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelecto una sola vez. La persona que ocupe el cargo deberá reunir las mismas condiciones que para ser elegido legislador, y sólo puede ser removido por el procedimiento de juicio político, previsto en la Constitución Provincial.