(AUDIO) Contrabando: el Fiscal pidió condena para la inspectora y el policía
El fiscal federal Adrián García Lois en su alegato pidió condena en suspenso en un caso de contrabando. En este caso están imputados la inspectora municipal de Río Grande -Mónica Ojeda- y al ex oficial principal de la Policía Gustavo Franzen. Los acusan de intentar ingresar mercadería que la mujer habría comprado en Punta Arenas, a través de un patrullero, por la zona de San Sebastián. Los acusados confesaron la maniobra que ocurrió en mayo del 2014.
La maniobra tuvo un fuerte impacto mediático al trascender la metodología utilizada por estas personas para cruzar los productos por la frontera de San Sebastián. Es que al parecer la inspectora dejaba la mercadería en la ruta, cerca del paso fronterizo, y el policía la recogía en un patrullero con el que luego lograba traspasar los controles aduaneros sin ser descubierto.
La mujer recordó que un tiempo antes, durante un control vehicular en Río Grande, fue atropellada por un hombre en estado de ebriedad y que como consecuencia sufrió fracturas en sus piernas.
Dijo que estuvo dos años sin trabajar y con ello sin poder hacer horas extras que le representaban un ingreso importante de dinero, y que por eso comenzó a hacer “changas” trayendo mercadería de Chile para vender.
Por su parte Franzen sostuvo que Ojeda era su amiga, y que participó de la maniobra porque “la veía mal” y porque “trató de ayudarla”.
En la etapa de alegatos realizada con posterioridad, el fiscal García Lois dio por probado que los dos imputados “se pusieron de acuerdo, de manera organizada y premeditada, para realizar el ingreso de mercadería a nuestro país sin declarar”.
Sostuvo que los productos fueron previamente adquiridos por Ojeda en Chile, y que Franzen se valió de su condición de funcionario público “llevando la mercadería disimulada en su vehículo policial”.
De acuerdo a la versión fiscal, y según publicó “El Diario del Fin del Mundo”, el 9 de mayo de 2014 a las 9.30 mientras realizaba un patrullaje de rutina en la zona, el policía utilizó el vehículo marca Toyota, dominio DZD 870, número interno M-260, para intentar ingresar sin ser detecto por la Aduana “una caja de cartón y tres bolsos de distintos tamaños, conteniendo en su interior varios elementos, entre ellos un televisor Smart TV marca Samsung modelo UN 46F6400AG, una Tablet marca IRT de 7 pulgadas, 20 pares de zapatos de dama taco alto, 8 pares de botas media caña, 6 pares de botas de niños caña alta, 4 pares de zapatos para niñas talle 24, 2 pares de zapatillas infantiles talle 26, 2 pares de zapatillas Y-Run, un par de zapatillas para adulto marca Buss talle 43, un par de zapatillas de damas igual marca talle 38, y 6 escobillones de varios diseños”.
En cuanto a Ojeda, cuando la interceptaron en la Aduana llevaba “varios tickets de compra” por los productos incautados, e incluso se le secuestraron “palos para escobillones, de similares características a los escobillones incautados en el vehículo conducido por Franzen”.
“Tales comprobaciones, entonces, han permitido afirmar que la nombrada Ojeda tomó parte en la maniobra que conforma el objeto procesal de la causa, al haber intentado impedir de ese modo el correcto ejercicio del control aduanero, con intervención de un empleado público en ocasión de sus funciones”, resumió García Lois.
El fiscal tuvo en cuenta los testimonios agregados a la causa, el resultado de los allanamientos y las confesiones, y concluyó encuadrando lo sucedido como contrabando en grado de tentativa, que se produce cuando “el autor despliega dolosamente los actos de ejecución del delito, cuando utiliza concretamente los medios elegidos en la realización de su plan, pero no logra la consecución de aquel resultado por circunstancias ajenas a su voluntad”.
Incluso consideró que se trató de una maniobra “burda, osca y rudimentaria” y no de “una banda organizada”. El alegato requirió, además de la pena de prisión en suspenso, “inhabilitación especial perpetua”, las costas del proceso, una multa equivalente a cuatro veces el valor de la mercadería objeto del delito y cuatro años de obligación de fijar domicilio y someterse al cuidado y control del patronato de liberados.
El Tribunal Oral Federal pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10.30 en que escucharán las últimas palabras de los acusados antes de retirarse a deliberar y emitir un veredicto.
(AUDIO) Aire Libre 963:
