Acciones judiciales por el no pago del Fondo Incentivo Docente

El contador y abogado Claudio Ricciuti confirmó el inicio de acciones judiciales, en el fuero civil y penal, por el incumplimiento de pago del Fondo de Incentivo Docente a los que se desempeñan en colegios públicos de gestión privada.

La irregularidad fue corroborada por el Tribunal de Cuentas que, dado que sólo tiene un año para concluir la investigación y aplicar sanciones patrimoniales a los funcionarios responsables, se limitó a efectuar “recomendaciones” al estado fueguino para que corrija la situación.

Sin embargo el expediente, que tiene unas 500 fojas, cuenta con prueba suficiente de una presunta malversación de fondos y posible falsedad de documentación, al punto tal que los auditores que intervinieron habían pedido sanciones y planteado la presunción de delito.

Ahora deberá investigarlo la justicia, con casi cuatro años de deudas acumuladas y fondos nacionales que se enviaron y no se sabe dónde están: “Si los docentes tienen estrés por su propia profesión, esto les agrega una cuota más, porque hace tiempo que se están incumpliendo leyes, incluso del orden nacional. Todo se dilata en el tiempo, como es costumbre en esta gestión de gobierno”, señaló Ricciuti a Radio Provincia.

Consideró que la resolución del Tribunal de Cuentas fue una definición “a medias”, porque solamente terminan con “recomendaciones”.
“Lo cierto es que hay advertencias muy graves, los auditores proponen sanciones a los responsables de estas irregularidades, pero los vocales se limitaron a hacer recomendaciones, esto hace que las personas afectadas estén pensando en recurrir a la justicia y ya recibí a dos personas en el estudio con intenciones de hacer demandas”, manifestó.

Consultado acerca de si el Tribunal de Cuentas pudo denunciar estos hechos, respondió que “no solamente pudo aplicar sanciones sino que también pudo haber avanzado, y por lo menos arrimar la noticia criminosa a la justicia. Esto tipificaría una malversación de fondos, con lo cual mínimamente se debería presumir la comisión de un delito y acercar esto a la justicia para que lo investigue”.

El Tribunal de Cuentas en la parte resolutiva señala que no hubo perjuicio fiscal, pero Ricciuti advirtió que lo habrá, y espera que respondan los funcionarios responsables con su patrimonio. “Cuando los docentes empiecen a reclamar los intereses por estos pagos que no se hicieron en su debido tiempo, seguramente configurará perjuicio fiscal, que van a tener que pagar los bolsillos de los funcionarios que cometieron las irregularidades, no el estado en su conjunto o nosotros a través de los impuestos”, sostuvo.

Acciones judiciales por el no pago del Fondo Incentivo Docente

Lamentó que por ley orgánica el Tribunal tenga “solamente un año” para que prescriba la acción de responsabilidad patrimonial y perseguir el perjuicio fiscal, cobrándoselo a los funcionarios responsables. “El plazo de un año es realmente vergonzoso, siempre lo dije pero no he logrado que los legisladores me escucharan, por obvias razones: quieren un límite muy escueto para ser perseguidos cuando cometen perjuicios fiscales”, atribuyó, agregando que “en la mayor parte del país está normado en diez años y acá lo tenemos en un año”.

Apuntó que con este mismo esquema “también hacen prescribir la posibilidad de aplicar sanciones. Ellos sostienen también que la multa prescribe al año, con lo cual hacen zafar a los funcionarios que cometieron estas irregularidades”, cuando no debería ser así a su criterio.

Invitó a leer la resolución donde se constata “más de una docena de irregularidades” y, si bien el órgano de contralor se quedó en meras recomendaciones, afirmó que “esto no queda así, porque los docentes, que son los perjudicados en esto, harán las acciones que correspondan”.

Amanda Del Corro junto a Marcelo Lima son los señalados por los auditores y por el vocal Luis Caballero como responsables de los hechos. Sin embargo la actual legisladora, entonces Ministra de Educación, alegó desconocimiento y haberse enterado por los medios: “Honestamente cuesta creer que no esté informada, pero a lo mejor no le han corrido vista de las actuaciones del Tribunal de Cuentas, o se corrió traslado a otros funcionarios”, opinó Ricciuti.
Consideró que “alguna noticia le debió haber llegado frente a un tema de esta envergadura”, y adelantó que, si no le llegó antes la notificación, le llegará la de la justicia cuando deba ejercer su derecho a defensa: “De hecho le van a correr traslado cuando se accione judicialmente”, sostuvo.

Pronosticó, con la documentación y la investigación del Tribunal como antecedente, “una sentencia favorable no solamente para el pago de la deuda sino de los intereses y las costas. Esos intereses y costas serán perjuicio fiscal. A partir del primer momento en que el Estado tiene que pagar intereses y costas, el Tribunal de Cuentas tendrá un año para perseguir el perjuicio. Los docentes damnificados van a ir contra el Estado, y después el Estado en la figura del Tribunal de Cuentas tendrá que resarcir ese perjuicio fiscal de los bolsillos de los funcionarios que cometieron estas irregularidades y determinaron esta situación. Todavía se está a tiempo de hacer eso”, afirmó.
Ricciuti no negó que se haya especulado con los plazos de parte del Tribunal de Cuentas, dado que la denuncia se presentó a mediados de 2011 y resolvieron dos años después. “Por supuesto que sí. La resolución plenaria no es muy larga y cuando uno la lee puede dar cuenta de la valentía de los auditores fiscales. Pero pese a la valentía de los auditores, que enuncian groseras irregularidades y proponen sanciones, el plenario le encontró la vuelta para que eso no prosiga. Pero la mentira tiene patas cortas y por otra vía, que no será la administrativa sino la judicial, se llegará a la verdad”, garantizó.

Si bien cuenta con dos docentes confirmados, apuntó que “son muchos” los perjudicados y “la idea es tratar de conseguir una cantidad razonable de personas damnificadas. No solamente se está pensando en la demanda civil para que les paguen, sino que hay posibilidad de llevar esta noticia criminosa a la justicia para ver si penalmente les corresponde algún reproche a los funcionarios que hicieron esto. Uno lee en la resolución que no se cumple normativa nacional, que no hay estructuras administrativas adecuadas, que la persona que hacía las liquidaciones no estaba designada. Y uno se pregunta para qué pagamos tantos sueldos, tan altos y a tanta gente, para tener esta administración tan desprolija”, cuestionó.

Remarcó que Nación envió los fondos, está al día, y se deben ya cuatro años desde la presentación. “Los fondos evidentemente fueron a parar a otro lado, por eso presumía mínimamente la malversación. Los auditores señalan que no se ha dado respuesta a pedidos de informe del Consejo Federal de Educación”, observó, por lo que si además hubo “ocultamiento o desidia, se tendrá que investigar en el fuero penal y ver si configura delito”, concluyó.