(AUDIO) Fiscal brindó detalles de una estafa que se investiga con autos liberados

En el año 2014 el entonces administrador de la Aduana Río Grande, Gustavo Etchegoyen, radicó una denuncia en la Justicia Federal, por la sospecha que personal de ese organismo habría liberado de manera fraudulenta automóviles nacionales e importados. La marcha de la causa ha involucrado a unas veinte personas, entre agentes aduaneros, dos gestores y propietarios de rodados que habrían abonado ilegalmente para conseguir esas liberaciones. Este jueves habló en AIRE LIBRE FM el fiscal federal, Marcelo Rappoport.

Etchegoyen trabajó como administrador en RG en el año 2005 y posteriormente en 2014, cuando fue trasladado a Salta -donde continúa- por razones que nunca le aclararon al propio denunciante. El Fiscal indicó que “hubo una investigación administrativa previa que había hecho la Aduana se determinó un sinnúmero de vehículos que habían salido en forma fraudulenta de Tierra del Fuego”.
Respecto al sistema de fraude que se usó, el funcionario indicó que “Los autos que se adquieren en la provincia están amparados bajo la Ley 19640, y tienen un tratamiento específico, necesitan un plazo de gracia para poder salir de la isla en forma normal liberada: Cinco años los importados y tres años los nacionales”.
La causa salió a la luz este jueves, por una publicación realizada en el diario “El Sureño”.
“Usted tiene que hacer el trámite de liberación, tiene que ir a la Aduana, le sellan un papel, tiene que pagar un tributo y ese papel va al registro de la propiedad del automotor donde se encuentra registrado el auto. El registro es el que anota la liberación del automotor”, agregó.
Los dueños de los rodados en vez de pagar los tributos en el banco como corresponde, se lo pagaban a Walter Eduardo Servian (FOTO), quien era el responsable del área de automotores de la Aduana. “Como no cumplían con los requisitos, el señor lo firmaba igualmente dando el consentimiento para que se liberen aunque no estaban en condiciones de ser liberados. Además el tributo que debían pagar en el banco lo hacían en forma personal con Servián”.
“Por la última información que tengo, el instructor sumariante pidió la exoneración o cesantía de este hombre de la institución, pero fue trasladado provisoriamente a la DGI en el centro de Río Grande hasta que se resuelva su situación administrativa”.
Rapoport señaló que “la causa no es que está parada, sino que tarda porque tenemos que pedir los distintos legajos de los vehículos que están en distintas provincias dispersados. Eso conlleva bastante tiempo a la par de ir tomando las distintas indagatorias a los titulares de cada uno de los vehículos por haberlo sacado de la provincia sabiendo que no podían”.
“Nosotros presiones no hemos recibido ninguna, trabajamos y si nos quieren presionar igual no vamos a dar el brazo a torcer. No tenemos ningún impedimento para frenar la investigación, más allá de los contactos que pueda o no tener Servian que será una cuestión personal de él”, agregó.
En otro párrafo de la entrevista Rapoport no pudo precisar algunas cuestiones clave: “Creo que Servián se negó a declarar pero no lo tengo en mente, esto fue hace tiempo y mi disco rígido a esta edad ya no me funciona para recordar cada una de las indagatorias”.

CUALES SON LAS IMPUTACIONES

El fiscal entrevistado sostuvo que la imputación al empleado de Aduanas es por el delito de “defraudación por administración infiel, agravada por ser a la administración pública en concurso con el contrabando”, delitos que llevan penas de entre 3 y 8 años de prisión.
“La firma era original y el papel también, lo que estaba mal era el pago del tributo en efectivo que era a una persona determinada cuando debía ser a una entidad bancaria, y eso no permitió que entren a las arcas de la Aduana, por eso hay una defraudación a la administración pública, y por otro lado con ese papel lograba la liberación del vehículo antes de tiempo”.
“Lo importante es poder descular la maniobra y llevarlo a juicio oral para que se haga lo antes posible”, dijo y agregó que “estamos esperando todas las declaraciones, una vez que las tengamos vamos a ver cada hecho en particular”.
Agregó que “esto no es una caza de brujas ni una persecución, lo que se busca es determinar quien quiso contrabandear sacando un auto que sabía que no lo podía hacer, quien abonó en forma ilegal a una persona que es empleado infiel de la aduana”.
Respecto a los gestores indicó que “en muchos vehículos intervienen gestores, hay dos que están prófugos y estamos tratando de encontrarlos para indagarlos”, dijo.
Pero no precisó los nombres: “Ahora no tengo el nombre, y no me parece prudente en este momento, confiamos plenamente en las fuerzas de seguridad que los van a encontrar, los están buscando desde hace un año pero van a aparecer y los vamos a indagar para llevarlos a juicio oral también”.

(AUDIO) Aire Libre 963: