Buscan modificar por decreto la Ley de Salud Mental que impulsó Gorbacz

Un proyecto de reforma por decreto de la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental modificaría por completo la ley -que impulsó Leonardo Gorbacz como diputado-, producto de amplios acuerdos. Al mismo tiempo, el uso del decreto como vía para hacerlo, evita el Congreso, que es el ámbito en el que se deben dar estos debates. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que “esta nueva reglamentación resulta una clara contradicción con los principios de esa ley y con los derechos y las directrices emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”. 

El proyecto se puede leer en el Expte. Min. Sal. 120020000024933166, y “prioriza un modelo de intervención contrario al modelo social de discapacidad”, expuso el CELS en un artículo publicado en su sitio web.

“La Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657) fue un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetas de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos. El proyecto de decreto reglamentario es, a todas luces, un retroceso gravísimo en el respeto de los derechos humanos de este grupo de personas”, continuó.

Y agregó: “Es sumamente grave que se intente hacer esta reforma a través del decreto reglamentario cuando es evidente que trata de modificar los postulados centrales de la Ley Nacional de Salud Mental. Por esa vía se evita la intervención del Congreso de la Nación en el debate, ámbito institucional para las modificaciones de este tenor”.

Extractos de una entrevista a Leonardo Gorbacz sobre la Ley Nacional de Salud Mental en Espacio Iniciativa:

¿Cómo describiría la situación en materia de salud mental anterior a la sanción de la Ley 26.657, de la cual es autor?

La mejor descripción es la que está en el informe del CELS Vidas Arrasadas, de 2006, que fue uno de los documentos de base de la construcción de la Ley. Un sistema basado en los manicomios, con promedios de encierro que se cuentan en décadas y alrededor de 25 mil personas bajo ese sistema. La judicialización total del sistema, no como garantía de derecho sino como forma de control social. A lo que le agrego la preocupación por el avance del poder económico de los laboratorios que impulsan la medicalización absoluta de los problemas de salud mental e incluso de las situaciones de conflicto, angustia o ansiedad normales de la vida de cualquier ser humano. Y junto a ese esquema construido alrededor del paradigma de la peligrosidad de los enfermos mentales, una serie de experiencias aisladas y sin apoyo de atención basada en la inclusión social y el respeto a los derechos de las personas.

¿Cuáles son los principales puntos de la Ley?

El principal es la presunción de capacidad. Es decir, no podemos suponer más de antemano peligrosidad, sino que se parte de la idea de que todos somos capaces de tomar decisiones, y a partir de ahí se construye un nuevo sistema.

Ese nuevo sistema incluye la sustitución progresiva de los manicomios por dispositivos basados en la inclusión social como las casas de convivencia, acompañamiento terapéutico, hospitales de día, cooperativas de trabajo, experiencias de radio, de arte, atención en hospitales generales. Además de la prohibición de crear nuevos manicomios. Se aumenta el presupuesto en salud mental hasta llegar a un 10% del presupuesto de salud. Se vuelve a ubicar la política de salud mental en la órbita de salud, que asume responsabilidades que habían quedado en el terreno judicial. Y el poder judicial reasume una función exclusiva, pero muy importante, de control de las internaciones involuntarias. La interdisciplina es el eje de la atención, porque se define a la salud mental como un campo atravesado por múltiples determinantes que no se reducen a lo bio-médico. Y se comprometen áreas de los Estados que habitualmente se han corrido de su responsabilidad, a pesar de tener capacidad de respuesta a la integralidad del problema de salud mental: desarrollo social, vivienda, cultura, trabajo, por ejemplo.

¿Cuáles serán los principales cambios a partir de su implementación?

Deberíamos asistir a un aumento de la accesibilidad a tratamientos que no coarten el derecho básico de la libertad, junto a una reducción progresiva de camas en los monovalentes.

También a un aumento de programas de inclusión social para la población de personas con padecimientos mentales. Tal vez el principal cambio que va a hacer sustentable al resto es el cambio en la percepción social, es decir, una mayor aceptación del conjunto de la sociedad. Para eso hay que abandonar unos cuantos prejuicios.

¿Qué medidas considera necesarias para asegurar la implementación de la Ley en todo el país?

La decisión política de los gobiernos locales es una clave para avanzar más rápido. La decisión de habilitar servicios en hospitales generales, con capacidad de internaciones breves, es una facultad de los gobiernos provinciales fundamentalmente. El aumento de los presupuestos provinciales es otra clave. La participación, tanto de usuarios como de trabajadores del sistema, tiene que darse en todo el país. Un cambio de esta magnitud no se decide ni se realiza si no es colectivamente.

¿Qué opina de la reglamentación de la ley de pre-pagas?

Pone en marcha una regulación muy esperada por los afiliados. Han habido muchísimas quejas por aumento desproporcionado de cuotas, por falta de cobertura después de haber pagado durante mucho tiempo, por discriminación al momento de afiliar o por abandono en situaciones de quiebra. La norma es muy buena, tuvo mucho consenso, y la reglamentación brinda precisiones que eran necesarias para poder llevar la ley a la práctica.

El Estado toma el control en un sector que estaba desregulado, y es una buena noticia para los que pensamos que la salud es un derecho y no se puede anteponer nunca a eso los intereses económicos.

Habiendo cumplido un rol destacado por Diputado Nacional, ¿cuáles cree que son los principales retos en materia legislativa para los próximos años?

En salud sin duda que la despenalización del aborto. Y también del consumo de drogas. Está claro que la amenaza penal no ha servido ni para reducir los abortos ni el consumo de drogas, sino que ha lanzado ambas situaciones a la clandestinidad, potenciando enormemente los riesgos para la salud.

También se podría discutir una ley de financiamiento sanitario y una ley de salud, para reordenar el sistema que esta muy fragmentado. El esquema tributario también merece una discusión profunda. Pero creo que estamos en el buen camino. Se puede decir que falta, pero todas las medidas que se han ido tomando en los últimos años nos han hecho avanzar.

¿Cuál es su opinión acerca del panorama político actual a nivel nacional?

Estamos ante una oportunidad histórica inédita. La política se ha fortalecido como herramienta de transformación social, y eso nos da margen para enfrentar los intereses económicos concentrados que cercenan los derechos de las mayorías. Y además eso ha sido respaldado por una mayoría muy importante en las urnas.

¿Cuáles considera son los principales desafíos para los próximos años?

Precisamente, aprovechar esta oportunidad histórica. Transformar esta primavera de la militancia juvenil en una práctica habitual, natural y permanente. La única garantía de poder avanzar hacia una Patria igualitaria está en la conciencia colectiva. Lo más notable que ha logrado un liderazgo brillante como el de Cristina es que comprendamos que el futuro está en manos de todos.