Concejales recibieron al secretario de Comercio provincial

El secretario de Comercio de la Provincia, Javier Calisaya, se reunió el viernes último con el cuerpo de Concejales de Río Grande, para tratar temas relacionados a la defensa de consumidores y usuarios.

El funcionario provincial solicitó la reunión tras detectar posibles irregularidades en algunas normas promulgadas por el Ejecutivo Municipal, relativas a la exhibición de precios de automóviles por parte de las concesionarias.
“Nos hemos presentado compartiendo los objetivos de la norma respecto a la defensa de consumidores y usuarios” resumió Calisaya, destacando que es objetivo principal del Gobierno provincial “pero para ello se deben establecer normas que se ajusten a derecho” agregó. “Hay un contrapunto jurídico y político, ya que en la Ley Nacional de Lealtad Comercial está expresamente establecido que es competencia de las provincias obligar a exhibir y publicitar precios” así como el control y la fiscalización del cumplimiento de las leyes que regulan la actividad comercial en general.
Además, el Secretario señaló que la Ordenanza Municipal contiene vicios “que podrían llevar a la nulidad del proceso” en alusión a que no se puede sancionar dos veces una misma infracción por contradecir ello la Constitución Nacional. “En definitiva, esto podría terminar perjudicando a los consumidores” prosiguió el funcionario, contemplando la posibilidad de que eventuales sanciones a comercios en falta podrían ser anuladas, al no garantizar la Ordenanza el debido proceso ni el derecho de defensa, que en nuestro sistema son inviolables.
Coincidiendo en general con ello, los Concejales agradecieron la información y manifestaron interés en ponerse a disposición para articular y ayudar al trabajo de la Secretaría de Comercio.
Tras señalar otras superposiciones de competencias incurridas por el Concejo como las relativas al Programa Precios Cuidados, Javier Calisaya dejó en claro que en el marco de las delegaciones que la Nación hace a la Provincia para aplicar estas normativas, sería del resorte de la Legislatura reglamentar su implementación.
Asimismo, el funcionario provincial aprovechó la reunión para poner en conocimiento de los ediles riograndenses las denuncias recibidas a través del área de Defensa del Consumidor respecto a deficiencias en la prestación de servicios públicos como el agua potable y el transporte público de pasajeros, donde la Secretaría a su cargo tendrá intervención para que se garanticen a la sociedad condiciones adecuadas a los estándares constitucionales de la vida digna.