Corrupción: Procesaron a ex funcionarios de las administraciones de Colazo y Cóccaro
La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones investiga si la Provincia pagó unos $6 millones por servicios no prestados entre 2000 y 2003. Se confirmó el procesamiento de 4 ex funcionarios de las administraciones de Jorge Colazo y Hugo Cóccaro, además de un auditor del Tribunal de Cuentas. También procesó al ex secretario de Hacienda Gabriel Allegro y al ex ministro de Economía Juan Manuel Romano, quienes habían sido sobreseídos en primera instancia. Dictaron la “falta de mérito” del empresario Antonio Celentano que había sido procesado.
El fallo judicial dictado el pasado 27 de marzo y que trascendió en la víspera, ratificó los procesamientos por el delito de peculado para los ex contadores generales Andrea Fabiana Page y Marcelo Luis Rolfo, que se desempeñaron en la gestión del ex gobernador Jorge Colazo, para el auditor del Tribunal de Cuentas Rafael Aníbal Choren, para el ex Contador General Alfredo Raúl Iglesias y para el ex ministro de Economía Héctor Horacio Sosa, estos dos últimos de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro. A su vez, revocó los sobreseimientos y en su lugar procesó al ex secretario de Hacienda Gabriel Armando Allegro y al ex ministro de Economía Juan Manuel Romano, de la gestión Colazo.
El caso remonta a agosto de 2013, cuando por orden de Ríos, el ex ministro de Economía Osvaldo Monti, constituyó una comisión investigadora para analizar los pagos a la empresa Celentano, luego de que la firma iniciara dos juicios contencioso administrativos contra el Estado, reclamando una deuda impaga de cerca de $20 millones.
Esa comisión llegó a la conclusión de que en aproximadamente 100 facturas de las presentadas por el proveedor se habían agregado dos ceros (es decir multiplicado los importes por 100) de manera de “inflar la deuda”, y que por lo tanto, el Estado había pagado por servicios no prestados una suma de alrededor de $10 millones.
Cuando la denuncia de la gestión Ríos llegó a la Justicia Penal, la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo analizó distintas pericias y concluyó que la maniobra había servido para incrementar los montos facturados en $6.007.549,87, o sea en “un 79% del capital reclamado”.
Barrionuevo dictó una primera resolución sobre el expediente en 2015, en la que procesó a seis ex funcionarios y sobreseyó a otros dos (Romano y Allegro) aunque esa medida fue apelada por las defensas de los acusados y por el fiscal Mayor Guillermo Massimi, por lo que el caso se instaló en la Cámara de Apelaciones de la provincia que acaba de resolverlo.
Unas de las situaciones más salientes del fallo de la Cámara es la del empresario Celentano, que había sido procesado también por Barrionuevo y que ahora fue beneficiado por una “falta de mérito” que si bien no lo desvincula por completo de la investigación, mejora su situación procesal.
La clave del caso, en este punto, es si el empresario conocía la adulteración de las facturas y actuó en connivencia con los funcionarios de las gestiones de Colazo y Cóccaro, para cobrar igual la “deuda inflada”, o si por el cúmulo de documentación y movimiento de dinero vinculado al proveedor, percibió los fondos sin haber formado parte de la maniobra.
Para el juez de Cámara Julián De Martino, las diferencias en los valores de las facturas “no habrían obedecido a los supuestos errores de copia o puntuación alegados por el imputado, sino a una conducta consciente y voluntariamente dirigida a crear y acrecentar una inexistente deuda del Estado provincial a favor del encartado”.
En cambio, el juez Jorge Luis Jofré, quien realizó el primer voto del fallo, entendió que si bien “la totalidad de las circunstancias analizadas no logran descartar definitivamente la sospecha de una actuación dolosa por parte del imputado Celentano”, por el momento “resultan insuficientes para sostener la probabilidad positiva que requiere el dictado de un auto de procesamiento”.
Ante la confrontación de opiniones, el voto que “desempató” fue el del camarista Civil (llamado a intervenir en la causa por la excusación del juez Walter Tavarez Guerrero) Ernesto Loffler, quien sin fundamentar su posición, adhirió al voto de Jofré, con lo que el empresario fue beneficiado por la “falta de mérito”.
Por otra parte, no es la primera vez que Celentano queda involucrado en una causa penal de este tipo: la misma gestión de Ríos lo denunció en 2008 por presuntas irregularidades en la provisión de alimentos para los comedores escolares y de artículos de limpieza.
La denuncia, que suponía un perjuicio de más de $40 millones de la época, derivó en un pronunciamiento del juez de instrucción Javier de Gamas Soler, quien sobreseyó al empresario y a los funcionarios supuestamente involucrados, en una medida que luego ratificó la Cámara de Apelaciones y que quedó firme porque no fue recurrida por las partes al Superior Tribunal de Justicia.
