Después de las protestas de Bomberos, la reunión

Funcionarios provinciales recibieron a representantes de cuarteles de Bomberos voluntarios con el objetivo de trabajar para regularizar la situación de los bomberos, quienes deberán presentar la documentación requerida ante la IGJ.

El Secretario de Asuntos Registrales e Institucionales, Mariano Plecity indicó que los cuarteles se encuentran en situación irregular con respecto a las presentaciones que deben realizar ante la IGJ, motivo por el cual el ejecutivo no puede realizar el pago que reclaman pero además, “ellos no pueden funcionar administrativamente en forma correcta por el mismo motivo”.
El secretario manifestó que el Gobierno de la Provincia se encuentra en permanente dialogo con los cuarteles y en múltiples oportunidades se los ha escuchado y solicitado la documentación, puesto que el estado, además de pagar, “tiene la obligación de controlar lo que se paga, fiscalizando que se cumplan los requisitos”. En este sentido aclaró que se está intentando extender el plazo otorgado por la IGJ en un plazo de entre 90 y 180 días, para que los bomberos puedan regularizar su situación y realizar las presentaciones de documentos que se les han requerido y que a la fecha está pendiente.
Plecity destacó la buena predisposición, tanto del Ministerio de Gobierno como de los distintos cuarteles de bomberos para arribar a una solución, iniciando una mesa de trabajo para poder finalizar con la entrega de documentación.
Por su parte el Presidente del Asociación de Bomberos Voluntarios, Horacio Galego dijo estar conforme con lo resuelto, ya que “si bien hay que corregir de nuestro lado algunas cuestiones, hemos consensuado una mesa de trabajo para poder, en un determinado tiempo, regularizar la situación de todos los cuarteles de bomberos, adecuándonos a las exigencias y observaciones que en su momento nos hicieron, trabajando con los equipos técnicos de cada área para llegar rápidamente a una solución”.
Galego destacó la permeabilidad del gobierno de abrir el dialogo con la IGJ, con el Ministerio de Gobierno como veedor, para disponer de una normativa “que nos permita por un determinado tiempo seguir funcionando, ya que era realmente una preocupación no contar con herramientas administrativas para seguir desempeñándonos”.