Ex funcionarios a la cárcel, por corruptos

Culminó el juicio por el escándalo de las Letras de Tesorería, en el “Caso Gualdessi”. Condenaron a prisión a ex funcionarios de la gestión de Cóccaro. También detuvieron a un empresario.

Entre los condenados hay dos ministros de Economía de la gestión de Hugo Cóccaro. Se tratan de Raúl Berrone y Horacio Sosa que fueron condenados a 3 años y 10 meses de prisión efectiva. El Tribunal de Juicio también condenó al ex contador general del gobierno, Alfredo Iglesias, a 5 años de prisión efectiva tras ser considerado coautor material y penalmente responsable del delito de peculado contra el Estado. El ex-empleado del ministerio de economía, Horacio Medone, fue condenado a 3 años y 10 meses de prisión; en tanto la ex empleada Maria Lorenza Moreno a 3 años y 4 meses. El empresario Germán Gualdesi fue condenado a 3 años y medio de prisión efectiva. Todos bajo la figura de “peculado”. Los condenados fueron detenidos tras leerse el veredicto del tribunal.
Tras la lectura del veredicto 5 ex funcionario de la era de Cóccaro (dos de ellos ex ministros de economías Raúl Berrone y Horacio Sosa) y el empresario Germán Gualdessi, fueron detenidos y llevados a la Unidad de detención judicial para ser trasladados a la penitenciaría de Río Grande donde, varios ex funcionarios más, purgan penas por “defraudación al Estado”, según publicó el diario Tiempo Fueguino.
El único absuelto por el tribunal, fue el secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May, en tanto que caso de Elsa Inés Bugnest de Gualdesi fue condenada a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua más costas del proceso, al ser considerada como partícipe primaria del delito de peculado. Al empleado Isidro Ferreyra le correspondió una pena de 3 años en suspenso más 6 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La Fiscalía pudo sostener y probar una defraudación al Estado con el pago de $8,2 millones a la empresa Gualdesi Hermanos, a cambio de bolsones de alimentos que no se habrían entregado.
El “Escándalo de las Letras de Tesorería” se trata del segundo juicio oral y público que tuvo lugar en los tribunales de nuestra provincia y que pertenecen a la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro.

La historia de una causa y el mismo modus operandi

Las semejanzas en la estrategia y el planteo del Fiscal Mayor, Guillermo Massimi, entre las causas denominadas “Arrébola” y la juzgada y sentenciada ayer, “Caso Gualdesi”, son muy similares. Éste último caso se trata de una defraudación al Estado (técnicamente usa la figura de peculado) consistente en el cobro de 8,2 millones de pesos por parte de la empresa Gualdesi Hermanos, a cambio de alimentos para personas carenciadas que nunca fueron entregado, tal como quedo probada en la causa.
En el caso denominado “Arrébola”, que dio lugar al primer juicio por las Letras de Tesorería, todas de la era de Cóccaro, quedó demostrado el pago de fondos públicos por servicios informáticos nunca prestados. Recordemos que en esta causa la Justicia condenó a prisión efectiva a varios funcionarios, mientras que a Arrébola por su arrepentimiento la prisión fue en suspenso, al tiempo que otro de los arrepentido en esa causa, el ministro Horacio Sosa tiene prisión domiciliaria en un country del gran Buenos Aires.
En el “caso Gualdesi” la causa tenía 9 imputados y la defensa planteó que la mercadería por un valor de 8,2 millones de pesos, fue provista al Estado para cubrir la creciente demanda social que caracterizaba a la provincia en 2004 y 2005. Y que si ello no se desprende con toda claridad de los trámites administrativos y comprobantes obrantes en la causa, se debe a desprolijidades o falencias derivadas de la burocracia estatal, pero no a la comisión de un delito, planteo la defensa sin éxito.
Otra pata de la defensa del caso “Gualdesi” fue el de comparar el juicio por lo que fueron todos condenados con él llevado a cabo en la “Causa Celentano” donde la misma fue archivada y todos sobreseídos.
Lo cierto es que, entre ambas causas que la defensa intentó emparentar existen diferencias sustanciales.
Una de las diferencias es el cúmulo de testigos que jugaron a favor de la causa Celentano, donde todos los que desfilaron por los estrados, maestras, directoras, porteros, etc,etc, acreditaron que la mercadería fue recibida y que la demanda fue creciente.
Otra diferencia sustancial fue que el juez de instrucción, Javier De Gamas Soler, logró determinar que son falsas las facturas de la empresa que obran en el expediente administrativo, y que esos documentos habrían sido impresos en las oficinas de varios de los ex funcionarios y empleados públicos sometidos a juicio.
En el caso Celentano, tal irregularidad nunca fue ni siquiera sospechada.
En la causa que se ventiló en los tribunales fueguinos, figura una repuesta de Germán Gualdesi, uno de los propietarios del comercio en cuestión, que realizara por las facturas falsas. El empresario sostuvo que “no sabía de dónde salieron, que a él le pidieron un cambio de facturas para realizar en las nuevas un desglose mayor de la mercadería entregada, pero que las que llevó a Gobierno no son las que figuran en el expediente”, mientras que aseguró que las copias de las facturas entregadas las extravió sin darse cuenta.
Además, en la causa que se juzgo ayer, la Fiscalía probó que existen expedientes por la compra de alimentos de la misma época a la que pertenecen las facturas y los cobros que dieron lugar a la investigación, algo que tampoco se verificó en la causa Celentano.
Por lo pronto las causas por las “Letras de tesorería” que siempre se indicó como un fabuloso negocio, realizado durante la gestión de Cóccaro, derivó e nuevos detenimientos.
La causa se inició a partir de la investigación del pago de 8,2 millones de pesos por parte del Estado fueguino a fines de 2007, a cambio de bolsones de alimentos para personas indigentes que nunca habrían sido entregados, según surgía de la acusación formulada por el Fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi.
La operatoria tuvo lugar durante el último tramo de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro, e incluso, el propio ex mandatario está siendo investigado en el expediente. Si bien su situación procesal fue definida hasta el momento como “falta de mérito” y por eso no llegó a juicio.