La polémica por la erradicación de conejos en Ushuaia generó una denuncia por contrabando
La abogada de una asociación defensora de los derechos animales acusó a un biólogo de ‘ingresar ilegalmente’ a la provincia el gas fosfina destinado a controlar la plaga, una medida que se encuentra suspendida por la presentación de un amparo en 2020.
La polémica entre asociaciones protectoras de animales y científicos de Ushuaia por la erradicación de conejos en la bahía de la ciudad arrojó en las últimas horas otro capítulo inesperado, al conocerse la denuncia penal presentada por una protectora contra un biólogo que propicia el control de la especie, por la presunta comisión del delito de “contrabando agravado” de “sustancias peligrosas”, informaron fuentes judiciales.
La denuncia fue presentada en los tribunales de la capital de Tierra del Fuego por la abogada Griselda Engelhard, perteneciente a la Asociación de Funcionarios y Abogados en Defensa de los Derechos de los Animales (Afada).
Engelhard acusó al biólogo e investigador del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic, dependiente del Conicet) Adrián Schiavini, de haber ingresado ilegalmente a la provincia el gas fosfina con el que, inicialmente, el organismo se proponía controlar la plaga de animales en las proximidades del edificio científico.
Esa medida fue suspendida por la Justicia Federal ante un amparo de las protectoras en julio de 2020, dando lugar a un conflicto judicial que todavía sigue sin resolverse.
“Hemos pedido pruebas para que los organismos involucrados digan de qué manera ingresó la sustancia tóxica a la isla y quiénes intervinieron”
Pero según la abogada de Afada, ni Schiavini ni las autoridades del Cadic-Conicet “han podido explicar cómo se produjo el ingreso a nuestra provincia de ese gas altamente tóxico y venenoso”, señaló la letrada a medios fueguinos.
“Hemos pedido todo tipo de pruebas para que los organismos involucrados digan de qué manera ingresó la sustancia tóxica a la isla y también que se pueda saber quiénes intervinieron en ese ingreso. Es un gas peligroso para los seres humanos y no sabemos dónde está”, argumentó Engelhard.
Sin embargo, Schiavini negó haber cometido ningún delito y afirmó que el gas fosfina “se compra por correo electrónico, uno lo paga y te lo mandan. Es absolutamente legal”.
También dijo que compró el gas en una empresa de Bahía Blanca, y que fue enviado a Tierra del Fuego vía terrestre con la intervención de la Aduana Nacional, además de haberse pagado por transferencia y de manera documentada.
Incluso aclaró que la sustancia no se utilizó para el propósito inicial (debido a la controversia que generó y a la causa judicial todavía en trámite) y que tras haber permanecido depositada en un contenedor fue finalmente cedida a una empresa de control de plagas, en septiembre de 2020.
“La abogada se está pegando un terrible tiro en el pie con esta acusación”, se defendió Schiavini.
La proliferación de “conejos de Castilla” en la bahía de Ushuaia generó una polémica que lleva más de un año y que derivó en la intervención de organismos provinciales y nacionales.
Para los científicos, se trata de una “especie exótica” que debe ser controlada por los daños ambientales que origina en el ecosistema de la zona, postura que fue avalada por el Consejo Federal de Medio Ambiente y por el Ministerio de Ambiente de Tierra del Fuego.
En cambio, para las protectoras de animales como Afada y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf) la erradicación amenaza la “fauna silvestre y la diversidad biológica”.
