Llega al Congreso el debate por 8 millones de hectáreas que reclaman los aborígenes
El debate sobre las tierras aborígenes que suscitó repentinamente el caso de Santiago Maldonado tendrá un pico de tensión antes de fin de año, cuando vence la ley 26.160, que evita que se ejecuten desalojos de los territorios que ocupan comunidades indígenas. En ese debate, que ya se empezó a recalentar, entran en juego el futuro de más de 8 millones de hectáreas distribuidas por todo el país, los intereses de gobernadores y de privados, el derecho de los indígenas a reclamar sus tierras y la función que debe cumplir el Estado. Además, saca a la luz la falta de registro formal de las comunidades y el valor, en términos de recursos naturales, de esos territorios.
Su eventual prórroga dependerá de la aprobación o no del Congreso, que deberá tratarla antes del 23 de noviembre, plazo en el que caduca.
El jueves se frustró en el Senado el tratamiento sobre tablas de la prórroga de la ley y se postergó para fin de mes. Al mismo tiempo, algunos indígenas se apostaron a las puertas del Parlamento para reclamar por la extensión de la ley y otros tantos denunciaron al Gobierno que ya sufren el hostigamiento y un incremento de la violencia en sus provincias.
En 2006 se sancionó la ley 26.160 que declaraba la emergencia por cuatro años y que impedía, en ese plazo, “la ejecución de sentencias cuyo acto sea el desalojo de las tierras cuya personería jurídica esté inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas”.
La legislación se fue prorrogando sucesivamente y ahora el caso Maldonado, provocó un clima enrarecido al respecto de algo que, en otro contexto, probablemente habría pasado desapercibido.
El texto de la ley original contemplaba que durante los primeros tres años se debía realizar un “relevamiento técnico” de la situación nominal de las tierras en donde están asentadas. Para ello se habían destinado $ 30 millones. Además,de ese dinero saldrían también los recursos necesarios para pagar la asesoría legal para los indígenas durante el relevamiento. Ese monto venció en 2009 y no fue prorrogado.
Según datos que aportó a LA NACION el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) -órgano que depende del Ministerio de Justicia- actualmente hay 1600 comunidades identificadas en todo el país. De ellas, hay 423 casos en los cuales culminó el relevamiento y 401 que están aún en proceso. Para el resto, todavía ni siquiera se inició la tarea, lo que quiere decir que hasta ahora sólo se hizo la mitad del trabajo que correspondía.
Las 824 comunidades relevadas o en proceso reclaman 8.414.124 de hectáreas consideradas por ellas como “territorios de ocupación tradicional”, lo que equivale aproximadamente a 414 veces la ciudad de Buenos Aires, o al 3% del territorio continental argentino, incluyendo las Islas Malvinas.
Sin embargo, conforme a una auditoría de la AGN publicada en marzo de este año, el 92% de estos pueblos no poseen los títulos de propiedad comunitarios y el 84% no tiene los títulos individuales. A falta de datos confiables, es imposible saber cuál es el porcentaje equivalente en territorios en manos de extranjeros.
“Lamentablemente el jueves no pudimos consensuar y se desordenó el acuerdo de tratar la prórroga. Los ánimos han cambiado y no se están cumpliendo con los acuerdos que hicimos. De todos modos tenemos el compromiso de tratarlo en la próxima sesión y creo que la prórroga va a salir”, dijo a LA NACION la senadora de Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR) que impulsa el proyecto.
Como condición antes de tratarlo, los legisladores pidieron un informe de situación que actualice el estado de estas comunidades. Justamente, las tierras que ocupan corresponden a la órbita provincial y muchos, incluso, se encuentran sobre recursos naturales muy valiosos.
Sin ir más lejos, los mapuches neuquinos están a pocos kilómetros de Vaca Muerta y su reclamo de tierras entró en conflicto con la extracción. Muchos gobernadores siguen con atención el debate.
Si la prórroga pasa el Senado deberá tratarse en Diputados. Allí el oficialismo tiene posturas divididas sobre qué hacer, según constató LA NACION a través de fuentes en contacto con la mesa chica de Cambiemos. O se promueve la prórroga o se deroga la vieja ley para promover otra.
La nueva legislación contemplaría las mismas garantías para los pueblos originarios, pero con una mayor institucionalización en la designación de los representantes de estas comunidades. De todos modos, el tiempo apremia, sin contar que hay que considerar cómo jugarán los otros bloques.
“Solicitamos urgente la prórroga de esta ley. Hubo una profundización de los intentos de desalojo de nuestras tierras y estamos recibiendo amenazas”, dijo a LA NACION, Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya de Jujuy, que el jueves se movilizó hasta el Congreso. Jerez también denunció que desde el 2016 que no cuentan con la asesoría legal que debería proveerles el INAI y que están en una situación de desamparo.
Según lo que recolectó la AGN de los datos del INAI, el 62% de las comunidades poseen conflictos territoriales y un 24% tienen un conflicto judicial asociado a la posesión de las tierras que están ocupando.
Félix Díaz, histórico representante de los Qom de Formosa e enfrentado con el régimen de Gildo Insfrán también se mostró preocupado por el crecimiento del debate en torno a la ley.
“Estamos preocupados por la manipulación política que se está haciendo con esta ley. Nunca tuvimos este problema que ahora está surgiendo en el Congreso”, expresó a LA NACION. “En mi caso hay una orden judicial porque me consideran un usurpador. El único respald-o que tenemos es la ley 26.160”, agregó.
