Piden sanciones al abogado que negó la soberanía sobre Malvinas para defender a un militar
El gobierno de la provincia y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata (CECIM) anunciaron que pedirán sanciones contra el abogado del militar imputado de aplicar torturas a soldados durante la guerra de 1982, que pidió la incompetencia del Juzgado Federal de Río Grande con el argumento de que ni el país ni la provincia tienen soberanía sobre territorio malvinense.
El CECIM es impulsor y querellante en la causa penal en la que el juez Federal Federico Calvete dispuso, en diciembre pasado, la indagatoria de 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas acusados de haber “estaqueado” y “enterrado” a soldados, entre otros actos de torturas contra la propia tropa, durante el conflicto bélico con Gran Bretaña.
Para evitar la indagatoria del ex militar Ramón Eduardo Caro, el abogado de Río Grande Hernán Bazán Güemes presentó un escrito en el que cuestionó la competencia del juzgado fueguino, con el fundamento de que “la República Argentina no tiene lamentablemente soberanía sobre el territorio malvinense”.
Además, el letrado escribió que si bien se considera a las Islas Malvinas como parte de Tierra del Fuego, el archipiélago “debería constituir una provincia especial separada” sujeta a “los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal”.
Para el abogado del CECIM Jerónimo Guerrero Iraola, este tipo de fundamentaciones “retrotrae la posición soberana argentina sobre las islas”, además de vulnerar “la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y el artículo 2 de la ley de provincialización”, señaló el declaraciones al Diario del Fin del Mundo.
“Más allá del objetivo central de esta causa, litigar en Tierra del Fuego es un acto de reivindicación nacional. Por eso la actitud de este abogado no solo merece el mayor de los repudios sino que amerita la aplicación de sanciones disciplinarias”, aseguró Guerrero Iralola.
A su vez, el letrado consideró que este tipo de discusiones no hace más que “revictimizar” a las personas que “esperan justicia después de 37 años de finalizada la guerra”.
“El Estado es también responsable por haber generado las condiciones de impunidad para que este tipo de planteos puedan tener asidero”, concluyó el representante del CECIM.
Por su parte el ex combatiente y periodista de Ushuaia Daniel Guzmán, sostuvo que “negar la pertenencia y soberanía de nuestras islas constituye uno de los artilugios legales más repugnantes jamás oído”.
Según Guzmán, hubo militares que “trasladaron a las Malvinas las mismas atrocidades que cometieron con la sociedad civil en el continente, y ahora están desesperados por escapar a la acción de la justicia”, indicó en dialogo con este medio.
En tanto, el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia utilizó las redes sociales para “repudiar” la “actitud de los abogados que han desconocido la soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas en el ejercicio de su profesión”.
También señaló que elevarán en la próxima semana “un requerimiento al Colegio Público de Abogados de Río Grande para que tome la intervención que por ley le compete”.
La Cartera de Gobierno recordó que “nuestra Carta Magna establece en su cláusula transitoria primera que Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.
“La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, agregó el Ministerio, e indicó que “la soberanía territorial argentina y la jurisdicción fueguina sobre las islas es un bien supremo que debe prevalecer en todo momento. Las Islas Malvinas son argentinas y fueguinas”.
En declaraciones al diario Perfil, el abogado Bazán Güemes defendió la presentación del escrito y explicó que “se trata de una apreciación netamente jurídica y técnica”.
“No solamente señalé la incompetencia del Juzgado Federal de Río Grande sobre esta causa, sino que también la prescripción de la misma; ya que está en situación de cosa juzgada porque tiene una sentencia de la Cámara de Casación del tribunal federal de la ciudad de Buenos Aires; también sobre la incompetencia del juez y la falta de legitimación activa sobre la causa. Me resulta sorprendente que aparezca solamente este planteamiento por el tema de la incompetencia. Es verdad que lo planteé y argumenté el motivo, porque en 1982 las Islas Malvinas, si bien son de pertenencia de la República Argentina, no estábamos ejerciendo la soberanía y pedía que se juzgue con juez competente del lugar. Yo no dije quiénes tenían que ser los jueces, sino que directamente no tenía que ser el Juzgado de Río Grande, eso fue simple y concreto”, detalló el letrado.
Hasta el momento, el planteo del abogado Bazán Güemes fue rechazado por la querella representada por el CECIM y por un dictamen del fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, aunque no fue resuelto por el juez Calvete a cargo de la causa, informaron fuentes judiciales.
Calvete mantiene vigente el llamado a indagatoria de los oficiales y suboficiales Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.
La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982.
La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el CECIM.
