Poco más de 60 leyes sancionadas en 2017 entre ellas varias económicas y de Justicia
El Parlamento fueguino abordó distintas normativas, que luego de su paso por las Comisiones de Asesoramiento Legislativo, llegaron al Recinto y fueron sancionadas. Entre ellas se destacan adhesiones a leyes nacionales que fortalecen diferentes áreas que hacen a la vida de los fueguinos. En este sentido, hubo temas vinculados con el consenso fiscal, Presupuesto 2018 y la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tasa cero de Ingresos Brutos para créditos hipotecarios
La Ley provincial Nº 1.173, sancionada en el mes de agosto, establece el beneficio de tasa del cero por ciento (0%) sobre el impuesto a los Ingresos Brutos, para los créditos hipotecarios de entidades financieras destinados a la adquisición, refacción o construcción de vivienda única familiar y de ocupación permanente en la Provincia.
La medida, ingresada por el Ejecutivo provincial como asunto 347/17, propicia la reducción de los costos de los créditos hipotecarios, para contribuir a la concreción de los anhelos de los habitantes de la Provincia de acceder a una vivienda propia. Así, se contribuirá también al impulso de la industria de la construcción, y dada la importancia central de esta actividad, a la economía provincial en su conjunto.
Consenso fiscal
La Legislatura fueguina aprobó la ratificación del decreto provincial sobre el acuerdo de Consenso Fiscal, suscripto entre la Nación, la CABA y las provincias. El documento, de noviembre de 2017 precisaba de la ratificación parlamentaria, por lo que esta acción legislativa permite aplicar ese documento en Tierra del Fuego.
En mayo de 2016 los gobernadores de diecinueve provincias, el vicejefe de Gobierno de la CABA y el Ministro del Interior de la Nación firmaron el Acuerdo para un Nuevo Federalismo por el cual se estableció un esquema de eliminación gradual de la detracción de 15% de la masa de impuestos coparticipables que desde 1997 se destinaba a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En agosto de 2016, el Estado Nacional, las provincias y la CABA se comprometieron a implementar políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado. Así, se alivian las cargas tributarias dé aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores.
En el documento, también se afirma que “es necesario acordar entre la Nación y los gobiernos locales, lineamientos para armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones de forma tal de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico y promover políticas uniformes que posibiliten el logro de esa finalidad común”.
Entre los “compromisos comunes” del acuerdo, se destacan: Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno; modificación del Impuesto a las Ganancias con la derogación del articulo 104 de esa norma; asuntos referidos al Presupuesto 2018; la aprobación de la Ley de Revalúo impositivo; Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias; reformulación del esquema de imposición sobre los combustibles; Régimen Previsional y Nueva ley de coparticipación federal de impuestos, entre otras.
Tributarán el traslado de bienes en la Provincia
Con el propósito de “asegurar la prestación de los distinto servicios esenciales que debe brindar el Estado provincial”, en el proyecto sancionado por el Parlamento, se modificó la Ley provincial Nº 1.075 de Código fiscal y se ordenó que “el traslado o transporte de bienes en el territorio de nuestra Provincia deberá encontrarse amparado por un Código de Operación de Traslado o transporte, cualquiera sea el origen y destino de los bienes”.
Entre los fundamentos, la titular del Poder Ejecutivo fueguino sostiene que, es indispensable lograr un “flujo constante de recursos, para lo cual constituye una cuestión esencial el resguardo del crédito fiscal y la dotación de medidas que posibiliten un mayor control por parte del Fisco sobre la capacidad impositiva de los contribuyentes y responsables”.
Este código tiene que ser obtenido por los “sujetos” que deban emitir comprobantes que respalden esa tarea o por el propietario de los bienes. Para esto, será la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), el área que determinará la metodología. “La implementación del mencionado Código de Operación de Traslado o Transporte tiene por finalidad permitirle a la Agencia Tributaria obtener información detallada de cada operación de transporte que tenga origen o destino en el territorio de la Provincia”. Eso permitirá determinar el flujo de bienes en transito dentro de los limites de la Provincia.
La Provincia cuenta con un nuevo presupuesto para el 2018
El Parlamento, convirtió en Ley el asunto 389/17 con el texto normativo del Prepuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central y organismos descentralizados para este 2018, mediante el número 1.191. Lo proyectado asciende a un poco más de 23 mil millones de pesos, el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Pública Provincia.
En el texto, se presupuestaron 300 millones de pesos provenientes del Fondo Federal Solidario “cuya finalidad está orientada a la financiación, en Provincias y Municipios de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales”.
“En lo que respecta a recursos de origen provincial las estimaciones se basaron en las cifras previstas por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). Se prevé que el 48% de los recursos provengan de ingresos tributarios mientras que las tasas representen el 17%, las regalías un 23%, y los fondos (Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales fundamentalmente) y derechos representen el 12%”, continua el texto enviado a la Cámara.
Asimismo, se detalla las obras que planifican desde la Cartera ministerial de Obras y Servicios Públicos: El microestadio de Río Grande, complejo deportivo Margen Sur, desarrollo troncal de fibra óptica, desarrollo costero Canal Beagle, alimentación de gas natural barrio Andorra en Ushuaia y barrio El Mirador y otros barrios de Río Grande”.
También, se prevén la finalización de obras mediante el Fideicomiso Austral, a saber: la construcción del Hospital Regional de Ushuaia, ampliación de la capacidad de transporte de Gas Margen Sur, red troncal y construcción centro de distribución Río Pipo y reparación grupo generador LM 2500 plus TG Nº 4. De igual manera, “se incluyen obras de redes de agua y cloacas, pluviales y salón de usos múltiples financiado por el Programa Pro.Me.Ba. que beneficiará sustancialmente a los sectores más vulnerables de la margen sur de Río Grande”.
Para conocer más detalles del texto normativo, puede ingresar en www.legistdf.gob.ar, a través del apartado Sistema de Consulta Legislación Provincial (InfoLey).
El Superior Tribunal de Justicia será asistido por cinco secretarías
Durante la 8ª sesión, la Legislatura sancionó, bajo la norma Nº 1.197, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia (110). En un tramo del encuentro legislativo, el legislador Federico Bilota (FPV – PJ) sostuvo que “es una reestructuración de cargos dentro del ámbito del mismo” y, aclaró que “no genera mayor gasto presupuestario”, en relación a la aprobación del Presupuesto General de la Provincia para el 2018.
Allí, se establece que los Jueces del Superior Tribunal de Justicia contarán con cinco secretarios en las siguientes áreas: la Secretaría de Demandas Originarias; la Secretaría de Recursos en lo Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero; la Secretaría de Superintendencia y Administración; la Secretaría Penal y la Secretaría de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional.
Asimismo, estas oficinas deberán cumplir distintas funciones, según versa el articulado de la nueva Ley, a saber: “Poner a despacho del Presidente o del tribunal, según corresponda, las comunicaciones y escritos dirigidos a ellos; custodiar los expedientes, archivos y sellos del tribunal; las que establezcan los códigos de procedimiento y el reglamento interno; suscribir los despachos de mero trámite. Contra esas decisiones, se podrá interponer revocatoria ante el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, dentro de los tres días”.
