Polémicos contratos en el Concejo Deliberante: el fiscal sorprendió al frenar la investigación de la causa

Uno de los casos más resonantes del año, en torno a las “Dobles, triples y cuádruples contrataciones en el Concejo Deliberante” llegó a un abrupto fin este miércoles 20 de diciembre de 2017, cuando el juez Daniel Cesari Hernández confirmó el rechazo de continuar investigando esta polémica causa, que había dispuesto anteriormente el Fiscal Mayor, Guillermo Quadrini. Esta insólita medida se adoptó pese a la importante cantidad de prueba existente que supuestamente fue analizada en profundidad por el jefe de los fiscales, más otra documentación que nunca fue secuestrada, donde también se comprobaba lo denunciado por AIRE LIBRE FM. La investigación iniciada por este medio había dado el puntapié inicial para que se analizara cómo es el manejo de fondos públicos de algunos funcionarios, pero lamentablemente la Justicia miró hacia otro lado. 

El 22 de mayo del presente año, este medio publicó una lista de contrataciones realizadas por el presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Alejandro Nogar, en donde se demostraba una maniobra nunca antes vista, la “doble contratación“. Los profesionales a los que acudía el hijo del ex intendente (1969-1973) Néstor Nogar, recibían contratos para trabajar en el bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF) y para Presidencia, con sueldos que no estarían correspondidos con lo decretado por el mismo concejal en marzo de este año.

El decreto 036/2017 señala que “se debe actualizar el tope máximo de contratación mensual por profesional o idóneo en la suma de $30.000”, pero el concejal Nogar le pagó sueldos a profesionales que superaban ese monto, aprovechando su posición de presidente, que cuenta con un presupuesto “virtual” aparte. Ya que la institución parte de un presupuesto único, varios contratados llegaron a cobrar $10.000 o más, de lo correspondido y debía ser investigado por presunta malversación de fondos. A este episodio, se suman las concejales Miriam Mora y Verónica González, que contrataron al mismo tiempo que Nogar, a asesores que cobraron tres y hasta cuatro sueldos simultáneos excediendo lo establecido. ¿Cuándo ocurrieron contrataciones?

Conforme a las publicaciones realizadas por este medio, y que fueron replicadas por otros periodistas de la Provincia, el ciudadano Néstor Daniel Acuña se presentó en la Fiscalía y denunció el caso el 6 de junio. Siete días después, el fiscal Quadrini requirió la instrucción sumaria y solicitó medidas probatorias, con el objetivo de comprobar la posible existencia de un delito, en causa en la que el concejal Alejandro Nogar resultó imputado bajo la calificación legal de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Debido a la complejidad de los hechos que deberán ser investigados, el Fiscal no descartaba la posibilidad de ampliar la imputación; que podría involucrar, por omisión de sus deberes de control, a los titulares del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Río Grande.

“Regalito de navidad”

Cuatro días antes de Nochebuena, la novedad llegó desde los tribunales riograndenses. El juez Césari Hernández resolvió rechazar el requerimiento de instrucción obrante (pedido del Fiscal Mayor, Guillermo Quadrini), por resultar atípico el hecho denunciado. En una breve resolución, el juez se expresó, luego de analizado el pedido de rechazo del primigenio requerimiento de instrucción solicitado por el Fiscal de la causa”.

Las medidas que tomó la Justicia fue allanar el Concejo Deliberante de Río Grande para buscar los expedientes 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 283, 284, 299, 300, 254, 258, 307, 308, todos del año 2017. Además, se requirió al Indentende, Gustavo Melella, a remitir copia de todos los boletines oficiales del año 2016 y el actual en curso. Además, se instruyó al presidente del Tribunal de Cuentas, Leonardo Gómez (que renunció sorpresivamente).

En este último caso, cabe señalar que Nogar no envió todos los documentos a tiempo y que admitió públicamente que “había uno o dos expedientes extraviados“. El mismo día que la justicia secuestró 20 expedientes del Concejo Deliberante, correspondientes a las polémicas contrataciones del edil Alejandro Nogar, el Tribunal de Cuentas también requirió 48 expedientes, pero sólo hubo una respuesta “parcial” por parte del representante del MPF. El 4 y 16 de agosto, el órgano de contralor notificó nuevamente dos veces al concejal para que presente la documentación restante que no se entregó en tiempo y forma. AIRE LIBRE FM describió esta situación con el título “Cerca del inodoro: el manejo del Concejo envuelto en sospechas“.

Argumentos

El fiscal encuadró dichas contrataciones en el procedimiento de excepción del régimen general de contrataciones prescripto en el artículo 26 inciso 3° apartado H de la Ley N° 6 de Contabilidad y el Decreto del Concejo Deliberante 028/2012 y citó: “Para adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras artísticas, científicas o técnicas que deban confiarse a empresa, personas o artistas especializados“. A partir de ello -dice el juez Césari Hernández- “el titular de la acción ingresa al análisis estructural que cierne a los elementos y requisitos de los que depende la legitimidad y validez de los mismos“.

Luego, en otro párrafo de la resolución a la que accedió este medio, el juez señala que “igualmente compartido por el suscripto resulta la referencia efectuada a la división de poderes“. Y agrega: “Y es que no puede más que asistir a la razón al titular de la acción pública en cuanto a que la administración pública tiene prevista una estructura funcional que debe intervenir ante eventuales irregularidades en los procesos de formación de sus decisiones y de los actos puestos a su servicio, tal el caso de los contratos, tal el caso de lo contratos sub examine“.

La actuación del Tribunal de Cuentas es puesta bajo la lupa en dicha resolución, ya que el juez explica: “No puede perderse de vista que tal acción llega como consecuencia de la ineficiencia de los mecanismos de control y subsanación previstos por el propio ordenamiento administrativo, lo que importa afirmar que la intervención judicial ha de llegar de modo subsidiario y consecuente, pero nunca podría hacerlo en forma previa, ya que ello importaría el avasallamiento de aquella división funcional que vengo refiriendo“. 

Este punto es coincidente con la apreciación del concejal Raúl von der Thusen que en diálogo con AIRE LIBRE FM señaló que “el Tribunal de Cuentas tiene las manos atadas para investigar“, expresión que también afirmó la vocal del Tribunal, Daniela Salinas. 

El jefe de los fiscales también hace referencia que el delito no se puede encuadrar en una supuesta violación a la Ley de Ética Pública. El doctor afirma que “en las resoluciones administrativas que obran en los expedientes secuestrados en la causa, se aprecian tres items, que identifica como: aprobación de los contratos, autorización de los pagos y la imputación preventiva nomenclada en la partida 342,3 conforme Presupuesto del Concejo Deliberante del ejercicio 2017”.

“Manos atadas”

La irregularidad marcada por el Fiscal Quadrini, por el edil del Partido Verde y por una vocal del propio Tribunal, aún sigue vigente.

En su momento, von der Thusen convocó a varias reuniones entre miembros del Tribunal y los concejales. El edil expresó que “se analizaron los diferentes asuntos que hoy se encuentran en Comisión como lo es la modificación de la Ordenanza 2493 referida a la organización interna del Tribunal” entendiendo que se trata de “una norma súper importante que tiene que ver con los controles que realiza este órgano respecto del Concejo Deliberante, al Juzgado de Faltas y al Municipio”, y además “la Reglamentación del Juicio de Cuentas y Juicio de Responsabilidad Administrativa y también avanzar en la organización interna del Tribunal de Cuentas que también son muy importantes pero es un tema posterior al control que realiza el Tribunal de Cuentas”.

Con respecto a las quejas del Tribunal de Cuentas en cuanto a las limitaciones para actuar frente a un expediente  Von der Thusen consideró que “no se trata de limitaciones sino de procedimientos engorrosos que muchas veces debe pasar por este Cuerpo de Concejales y muchas veces hay demoras y después terminamos hablando de prescripciones y no se termina investigando”.

Finalmente afirmó que su aspiración es modificar las normas referidas al Tribunal de Cuentas “y no me gustaría irme de este Concejo Deliberante sin darle al Tribunal las herramientas para que puedan trabajar de manera adecuada”.

“El proyecto que más nos interesa a nosotros es el de la Ordenanza Orgánica, cuando nosotros hablamos de la limitación a la autonomía estamos convencidos que se debe modificar el artículo 45, en su segundo párrafo, porque es el artículo que nos quitó la autonomía conferida por la Carta Orgánica, y es de gravedad institucional”, dijo la vocal Salinas, quien agregó: “De que sirve que el organismo esté creado en la Carta Orgánica y se diga en el artículo 24 que el Tribunal de Cuentas es un órgano de control con autonomía financiera y funcional conforme a la Carta Orgánica, cuando después la Ordenanza Orgánica nos limita la propia autonomía que nos confiere la Carta Orgánica, es decir que se contradice, es ilógico esto”.

La vocal aseveró que “hoy el Tribunal no tiene la posibilidad de hacer sus procedimientos internos porque todo debe pasar por el Concejo Deliberante para su aprobación”.