Recortarán fondos de la administración provincial para reducir el déficit
La situación crítica de la Provincia está asumida desde que la actual conducción asumió en 2015. Una continuación de administraciones que acrecentaron el déficit y el aumento del costo político dejan como resultado una caja de previsión con $ 2 mil millones de pesos en rojo que suman recortes para obras en caso de no achicar dicho número. ¿Conflicto en puerta para el gobierno de Rosana Bertone? El diario La Nación confirma un congelamiento de salarios para el sector público en una provincia donde el 95 por ciento del gasto se destina al pago de salarios.
Lucrecia Bullrich firmó la nota “Las provincias ya empezaron a ajustar sus gastos para 2018” donde refiere a los ajustes que realizarán los gobernadores. Las fórmulas van desde la reducción de personal hasta el congelamiento de salarios, ya que buscan cumplir con las exigencias del pacto fiscal firmado con el gobierno nacional
Las recetas para recortar el gasto y compensar así la pérdida de ingresos por los cambios en la recaudación y el reparto de impuestos son varias y dependen de la estructura económica y la situación fiscal de cada distrito, pero hay una que predomina: la reducción de personal y el congelamiento de salarios estatales.
El primero en plasmar las reglas del recorte fue el salteño Juan Manuel Urtubey, ansioso por recuperar protagonismo entre sus pares después de la derrota en las elecciones legislativas. El congelamiento de los salarios y de la contratación de funcionarios públicos es el corazón del ajuste en Salta. En la provincia, el paquete de ajuste incluye un plan de retiros voluntarios y la promoción de la jubilación de empleados.
Hubo, sin embargo, provincias que iniciaron los recortes antes que Urtubey, e incluso antes de que se firmara el pacto fiscal.
Es el caso de Mendoza, donde el radical Alfredo Cornejo redujo drásticamente la cantidad de ministerios pocos días después de asumir: de los 14 del gobierno del kirchnerista Francisco “Paco” Pérez pasó a 5. Además, desde diciembre de 2015 la planta de funcionarios se redujo en un 30%. Las principales bajas se dieron en los cargos políticos. Así, en el Ministerio de Seguridad se implementó el legajo digital y el ausentismo pasó de 33%, en 2015, a 4,2% este año.
Otro que hizo los deberes fue el sanjuanino Sergio Uñac, uno de los peronistas que más se acercaron a Macri después de las elecciones de octubre. La provincia ya avanzó varios casilleros en la eliminación de Ingresos Brutos que, a partir del pacto fiscal, se reducirá a 1,5% del PBI en 2022. Están exentas la actividad agropecuaria y la industria, y el comercio tiene una alícuota general del 3%. La reforma, que ya tiene media sanción del Senado, prevé un máximo de 5 puntos en cinco años.
También en Entre Ríos se redujo la cantidad de ministerios. El peronista Gustavo Bordet eliminó dos de las siete carteras que heredó y también eliminó Ingresos Brutos para la industria.
Tierra del Fuego
Muy distinta es la situación en provincias como Tierra del Fuego, donde el pacto fiscal suma obligaciones a una coyuntura de crisis. En la provincia patagónica el personal administrativo ya no puede hacer horas extras y en el caso de los empleados operativos (un juez, un inspector) se las redujo a la mitad.
Tierra del Fuego integra el grupo de 13 distritos que no transfirieron sus cajas de jubilación y que serán compensadas mientras avanza el proceso, aunque difícilmente al ritmo que pretende la Casa Rosada. El traspaso tiene para todas las provincias afectadas un alto costo político. El distrito fueguino sirve para graficar el peso del déficit y su impacto en la proyección de las finanzas locales a partir de la firma del acuerdo fiscal. Con un déficit de $ 2000 millones, si no lo reduce drásticamente como pactó con el Gobierno, no sólo sufriría el recorte de fondos nacionales para obras. Quedaría, además, en la mira de sus acreedores externos, que podrían declararla en default y ejecutar sus regalías petroleras.
A ese panorama se suma algo que el gobierno de Rosana Bertone ya admitió públicamente: el año que viene no habrá aumentos salariales para el sector público. Conflicto en puerta para una provincia en la que el 95 por ciento del presupuesto se destina al pago de salarios.
Más recortes
Aunque no tan acuciada, Río Negro también anunció recortes. El gobernador Alberto Weretilneck decidió congelar la planta de empleados públicos y ofrecer retiros voluntarios, para lo cual el Gobierno nacional comprometió financiamiento. Anticipó, además, que la discusión de aumentos salariales no arrancará hasta el año próximo y que no pagará bonos a fin de año.
En Tucumán esperan señales de la Casa Rosada respecto del impuesto a las bebidas con azúcar para terminar de hacer las cuentas. Desde que se firmó el pacto, no hubo reuniones por el tema. El gobernador Juan Manzur estuvo en Estados Unidos buena parte del tiempo. En la provincia confían en que el Gobierno dará marcha atrás, tal como hizo con el impuesto al vino. “La sangre no va a llegar al río”, pronostican cerca del gobernador. Mientras tanto, no está previsto ningún recorte en el sector público, aunque se congelara la planta.
Tampoco en Córdoba se estudian grandes cambios. La reducción en las alícuotas de ingresos brutos está contemplada en el presupuesto del año que viene. La relación de empleados públicos por habitante es de las más bajas del país.
En Chaco, Domingo Peppo congeló los ingresos a la administración pública, salvo en las áreas de seguridad y salud, y estudia ofrecer retiros voluntarios. Quiere reducir el ausentismo docente, que este año insumió $ 1400 millones, y no pagará bonos de fin de año. Además, revisará el gasto en viáticos y combustible, entre otros ítems. El presupuesto 2018 proyecta un déficit de $4000 millones que espera cubrir con endeudamiento.
Otras provincias que analizan achiques en la administración pública, aunque no difundieron los detalles de la implementación, son Santa Cruz, Misiones, Catamarca y Santiago del Estero.
