Seis responsables de la empresa Agrotécnica Fueguina, imputados por una millonaria evasión tributaria
Al promediar el mes de marzo se radicó en el Juzgado Federal de Río Grande una denuncia penal contra la empresa de recolección de residuos Agrotécnica Fueguina. La presentación la hicieron tres abogados que representan a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Este organismo nacional asegura que la firma habría evadido entre noviembre del 2015 y diciembre del 2016 el pago de obligaciones de la seguridad social de sus trabajadores por 44.577.781 pesos.
Esta denuncia está rubricada por los abogados María Paula Garciarena, Juan Pablo Coronel y Mónica Beatriz Folchi, quienes sostienen que Agrotécnica les retuvo a sus trabajadores el aporte para la seguridad social, pero ese dinero nunca lo depositó en las cuentas correspondientes, y de esta manera mantiene impagas las obligaciones durante el período mencionado.
Agrotécnica Fueguina trabaja en las ciudades de Río Grande, Ushuaia, Salta, y en la provincia de Buenos Aires: Lincoln, Zárate y Campana, pero la denuncia se radica en Río Grande porque es aquí donde tiene el domicilio Fiscal.
A través de averiguaciones realizadas por AIRE LIBRE FM se pudo confirmar que el fiscal federal, Marcelo Rapoport, ya efectuó el requerimiento al juez, para que se cumplan con una batería de medidas probatorias, por ejemplo el pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ), para confirmar la nómina de los representantes de la empresa, que pudieron intervenir con conocimiento de los hechos que estaban sucediendo.
Además Rapoport solicitó al magistrado que le solicite información a los bancos con los cuales trabaja la firma, para saber el manejo de las cuentas sueldos, si se hicieron las retenciones, para confirmar que hubo una retención del dinero, y que en lugar de que vaya a los aportes de la seguridad social de los trabajadores, tuvieron otro destino ilegal.
Por esta denuncia están imputados -y posiblemente sean citados a indagatoria- a Oscar García (director titular), Claudia Calarote (apoderada legal y fiscal), Pablo García (director suplente), Lucía Barcia (apoderada legal y fiscal), Antonio Scarpatti (apoderado en Río Grande), y Luis Ledesma (apoderado en Río Grande).
