TDF no cuestionará la eliminación de beneficios impositivos y aduaneros
El Secretario de Industria precisó que la Provincia no objetará ni pedirá al Gobierno nacional que revea la decisión de dejar sin efecto los beneficios impositivos y aduaneros, en materia de Impuesto al Valor Agregado, Impuestos Internos y aranceles a la importación, que alcanzaban la distribución y comercialización de automotores de alta gama.
Aun cuando dijo que sobre este tipo de definiciones que avanzan sobre el régimen general de la 19.649 “hay muchas discusiones técnicas sobre si son atribución o no del Poder Ejecutivo”, precisó que “desde nuestra perspectiva las facultades del Ejecutivo nacional son amplias, porque así nos conviene como Provincia porque en muchas oportunidades permitió que el Presidente resolviera por decreto situaciones que eran favorable para Tierra del Fuego”.
Pero más allá de la controversia que pueda existir en torno a la vigencia o no de las facultades reservadas en el artículo 32 de la 19.640 al Ejecutivo Nacional, Juan Ignacio García sostuvo que “lo políticamente importante es ver si corresponde o no mantener ciertos beneficios” que en el resto del país “se interpretan más como un privilegio que como un beneficio para el desarrollo” de la Provincia.
Es más, afirmó que desde el Gobierno fueguino “como regla general acompañamos que algunos beneficios comiencen a reducirse, no lo impulsamos pero lo aceptamos, porque en el contexto actual entendemos que es más lo que recibimos que lo sacrificamos. Lo que recibimos es una política de desarrollo y lo que sacrificamos en un privilegio” ya que la medida afecta a los “vehículos que hoy llegan a una concesionara a un valor de más de 50 mil dólares”, afirmó en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia.
Consultado sobre si consentir esta modificación por decreto del régimen general de la 19.640 no encierra el riesgo de que el Gobierno Nacional pueda, por esa misma vía, avanzar en la eliminación parcial o total de los beneficios impositivos que rigen para Tierra del Fuego, respondió que “ese riesgo está implícito en el artículo 32 de la ley 19640, y nosotros acompañamos que Nación tenga esa injerencia porque también nos permite que el Ejecutivo Nacional nos prorrogue beneficios y porque no queremos discutir esto en el Congreso” .
Incluso instó a la sociedad fueguina a reparar en que “si bien es muy importante, la 19.640 no es la Biblia” y que la ley “tiene que estar apuntada a generar nuevas inversiones que promuevan más desarrollo y no a sostente algunos privilegios que son bien recibidos por los que somos beneficiarios”.
En cuanto a la incierta situación en la que quedó inmerso el sector textil en el decreto que prorrogó la vigencia del subrégimen industrial de la 19.640, ratificó la decisión del Gobierno Provincial de tratar de modificarla. Interpretó que no es un tema cerrado, ya que a su entender en el decreto 727 “lo que se hace es postergar la discusión sobre el sector ya que se dejó abierta una ventana para ello, y nosotros vamos a defender la continuidad de la actividad en la provincia para sostener los 870 puestos de trabajo que tenemos”.
Dejó en claro que “me hubiera gustado que el tema de las textiles su pudiera haber saldado antes de la salida del decreto, pero lamentablemente no pasó y a último momento el Gobierno Nacional definió lo que definió sobre las textiles”, y que en esa definición hubo una clara responsabilidad del lobby de las textiles del continente pero también de algunas empresas radicadas en la Provincia. “El lobby de las textiles del continente se apoya en las debilidades nuestras, y las debilidades nuestras son tener un proceso que no sea lo suficientemente integral. Se agarran de eso para atacar sobre todo el sector, sobre todo cuando tenemos un proceso que permite procesar un volumen de tela muy importante con poco empleo, y eso realmente no es algo bueno, como así tampoco que alguna empresa se agarre de algunos grises para plantear que con lo poco que hace cumple con un proceso de integración” señaló en tono crítico.
