Un inquietante cambio en las leyes pesqueras de las islas Malvinas
Como reflejo del brexit, el gobierno ilegítimo del archipiélago estudia cuotificar la captura del calamar sin capturas máximas permisibles. La medida responde básicamente a compensar los efectos del Brexit e intentar preservar las inversiones pesqueras y venta de permisos que representan casi el 50% del PBI del archipiélago y el 30% de los ingresos fiscales. Ambas referencias dan una idea de su importancia ante el riesgo de estancamiento.
El Reino Unido se encuentra diagramando la estrategia pesquera. Los barcos europeos ya no tendrán acceso automático a caladeros como Gran Sol en el Atlántico Norte. Una revisión similar se encuentra en proceso en el Atlántico Sur por parte de las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas, tendiente a alterar el régimen administrativo de las pesquerías incluyendo el manejo del calamar y las concesiones.
La intención sería cuotificar el calamar illex argentinus a través de un régimen de cuotas individuales transferibles similar al que aplica Nueva Zelanda para las pesquerías de calamar flecha (dos especies del genero Todarodes). Las cuotas se distribuirían en proporción entre barcos que posean capturas históricas de acuerdo al volumen de las mismas, dejando un porcentaje para nuevos participantes. Un informe de la consultora Terra Moana sugiere incluso otorgar licencias de pesca a perpetuidad. Ese documento sería la base de algunas de las reformas en la administración pesquera, con el objetivo explícito de retener el control de los recursos naturales, asegurar su explotación y permitir el acceso a mercados.
El enfoque es preocupante porque altera el esquema actual de manejo del calamar, que se basa en una estimación de la biomasa poblacional anual previa al inicio de la temporada (1 de febrero) y el cierre de la misma a más tardar el 30 de junio o antes, conforme a los rendimientos. La inquietud reside en que no se fijarían capturas máximas permisibles, y es probable que los barcos anticipen la pesca, con una mayor presión extractiva de febrero a mayo, y el riesgo de que la prolonguen sobre la fecha límite aconsejable y operen sobre la fracción juvenil, afectando la sustentabilidad de la especie tanto en las aguas circundantes a Malvinas como en las internacionales. También atraería un aumento de la pesca por arrastre, y habría una mayor muerte incidental de mamíferos marinos.
Si bien el método neozelandés trasladado a Malvinas puede ser ventajoso desde el punto de vista de la economía de las islas, implicaría dejar de lado evaluaciones anuales en la forma de cruceros de pre reclutas, tal como realiza la Argentina. Esas estimaciones científicas son clave para poder alcanzar el valor de las asignaciones de captura. Sin datos previos difícilmente habrá algún tipo de alerta para el cierre temprano que garantice el escape y proteja reproductores, lo que comprometería la situación de la pesquería en su conjunto. La cuestión adquiere gravedad adicional por la pesca desmesurada en la milla 201.
El tema, por sus variadas consecuencias, debería ser materia de tratamiento en la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS). De acuerdo a información pública, dicho Comité no ha sesionado en los últimos años y solo se reúne el Subcomité científico, que no tiene en agenda cuestiones de esta naturaleza. Ese vacío es desilusionante y pone en evidencia la necesidad de reflexionar sobre mejores procedimientos diplomáticos y técnicos para encarar con eficacia la problemática de la pesca en el Atlántico Sur.
